- Las autoridades no han dado continuidad a las reformas para combatir la violencia digital
- Hace falta capacitación de las autoridades y que se tenga especialistas en violencia digital en los organismos procuradores de justicia
La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es uno los problemas que más afecta a las mujeres en México. Para ello, se ha promovido desde el Poder Legislativo federal y en algunos congresos locales la ley Olimpia o similares que buscan castigar a quienes realicen dicho acto y buscan proteger a las mujeres víctimas de la violencia digital.
La asociación civil Luchadoras realizó una investigación de cómo las denuncias contra la violencia digital no tienen un seguimiento adecuado, provocando que a la gran mayoría de ellas se les dé carpetazo.
Entre sus principales hallazgos, se encuentra que se abrieron 2 mil 143 carpetas de investigación en 18 estados por difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en los últimos tres años, mil 636 denuncias son de mujeres. Del total, el 83% siguen en la etapa de investigación, el resto tiene una conclusión por vías alternas de la justicia como la suspensión condicional del proceso, acuerdo reparatorio, procedimiento abreviado o el otorgamiento del perdón.
Según Lulú Barrera de dicha organización civil, los obstáculos para el acceso a la justicia en materia penal son, por un lado, que hacen falta procesos claros y adecuados, pues no se ofrece en términos claros en qué consiste y el proceso de las reformas. Por otro lado, las víctimas sufren de maltrato por parte de autoridades, quienes además carecen de conocimiento técnico y especializado en temas digitales.
“Por ejemplo, hay ministerios públicos que no saben bien cómo funcionan las redes sociales e incluso qué tipo de diligencias de investigación se podrían instruir para que haya un avance, por ese mismo desconocimiento se niegan a hacer esas diligencias, esto finalmente se traduce en que la carga de prueba recae en la víctima”, destacó la activista.
Desde Luchadoras se destacó que para mejorar el sistema de justicia en este tema es necesario que se fortalezca el marco normativo, generar un protocolo de investigación en el que se considere no confrontar a los denunciantes con sus agresores, capacitar a los servidores públicos, capacitar a las personas perpetradoras, medidas de protección a las denunciantes para evitar sufrir represalias y campañas de sensibilización.
Olimpia Coral Melo destacó que ha sido difícil permear dentro de una legislación, si no permear en conciencias para lograr que la violencia digital tenga un nombre y sanciones adecuadas. Subrayó que existe una disparidad que hay en el país resultado de las pocas atenciones para garantizar un proceso legislativo y así como las implementaciones pues, aunque se han presentado las reformas, no se están haciendo políticas públicas que den continuidad para el acceso a la justicia.
“De todos los estados que hemos trabajado, solamente en algunos estados han generado por obligatoriedad sacar un protocolo o la creación de la unidad especializada en atención de delitos contra la intimidad sexual”, dijo.
Durante la presentación del informe a través de las redes sociales de Luchadoras, se destacó que la cárcel como medida única para sancionar la violencia no es la solución, pues se debe resarcir el daño a las mujeres violentadas.
En Aguascalientes, en el periodo del 28 de noviembre hasta el 15 de febrero, son 22 víctimas que han presentado denuncias por la difusión digital no consentida de contenido sexual, de los cuales cinco están “en trámite”, es decir, que continúan en la recaudación de elementos de investigación, aunque esto no significa que el destino de la carpeta esté progresando, pues este proceso no tiene tiempo de finalización y tampoco asegura que se llegará a una resolución.
