Las instituciones públicas necesitan de bienes y servicios para funcionar. Muchos de ellos provienen de empresas privadas, a las que se les contrata para satisfacer las necesidades que tiene la administración pública y está fuera de su campo de acción. Sin embargo, muchas veces estos procesos son terrenos fértiles para la corrupción, pues se llevan a cabo sin transparencia ni rendición de cuentas.
Durante el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador se han presentado situaciones que hacen cuestionar la legitimidad de los mecanismos de contratación. Empresas que apenas cuentan con meses de haber sido creadas reciben directamente acuerdos por millones de pesos, lo que puede significar conflictos de interés o corrupción. A continuación algunas claves al respecto.
Empresas de reciente creación
Varias empresas que han obtenido contratos con el gobierno de México se han creado apenas unas semanas antes de conseguir dichos acuerdos. Durante el periodo de noviembre de 2018 a diciembre de 2019, es decir, el primer año de gobierno de AMLO, se crearon 171 empresas que consiguieron transferencias por un monto 366 millones de pesos.
Fueron cerca de 561 contratos los que se otorgaron durante este tiempo a empresas con muy poco o nulo tiempo de trabajo en los servicios que ofrecen a las instituciones públicas. Además, varias de las personas registradas como dueñas de estos negocios no contaban con experiencia en la administración de empresas.
Contratos sin concursos de licitación
Andrés Manuel López Obrador ha criticado que en administraciones pasadas los contratos públicos se otorgaban sin transparencia y mediante pactos fuera de la legalidad. Por esta razón, defendía los concursos para obtener las licitaciones, sin embargo durante su gobierno no se ha logrado establecer un mecanismo de rendición de cuentas transparente en cuanto a esto.
Gran parte de las contrataciones a estas empresas recién establecidas se dan de forma directa, sin ninguna convocatoria o competencia de por medio. Las explicaciones que dan es que las licitaciones comúnmente eran una simulación para favorecer a empresas extranjeras o solapar los conflictos de interés. Aún así, la forma en la que la administración actual está obteniendo sus bienes y servicios deja mucho espacio para la duda y sospecha.
Instituciones que más implementan esta práctica
Quienes más han negociado con corporaciones hechas al vapor son principalmente IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEGOB y Conade. Destaca que en servicios de medicamentos, limpieza e insumos es donde más se utiliza este mecanismo. También existen otro tipo de contrataciones, como asesorías y representación legal, en los que intervienen varias empresas de dudosa procedencia.
Un ejemplo claro son la compra de uniformes y equipo, tanto para el sector salud como para las corporaciones de seguridad. Para abastecer a la Guardia Nacional se ha recurrido a empresas que hace pocos años no existían, además que la compañía encargada de proveerles de equipo de protección no está en México, sino en Panamá, conocido en el mundo de las finanzas por ser un paraíso fiscal.
Sospechas de conflicto de interés
La conformación y asociación de individuos para formar una compañía es un derecho reconocido por las leyes mexicanas. Sin embargo, cuando una de las personas que recientemente forma una empresa obtiene contratos públicos y además tiene conexiones personales con gente dentro de la administración pública, es normal que se cuestione la legitimidad del proceso.
Este es el caso de Ana Gabriela Guevara y Karime Balut Escartín. La actual titular de la Conade y una de las accionistas de una empresa contratada para asesorías jurídicas se conocen desde hace tiempo, pues la segunda fue asistente personal de la ex deportista mexicana cuando fue senadora. Tan solo dos meses después de ser constituida, esta empresa ya ingresaba 1.4 millones de pesos por un contrato directo con este organismo público. A pesar de los cuestionamientos, se ha negado conflicto de interés pues hay más personas asociadas e involucradas en el manejo de la compañía.
Estas acciones del gobierno actual no son ilegales como tal, pero carecen de transparencia y hacen pensar que las mismas prácticas engañosas que habían denunciado en el pasado permanecen vigentes. No hay que olvidar que la administración actual llegó con la clara consigna de combatir a la corrupción, sin embargo al parecer aún no logran que este compromiso sea una realidad. En Quinto Elemento Lab puedes leer más al respecto.
