El poder electoral en Aguascalientes ha sido violado, implantado, abducido. De manera injustificable, se ha forzado la titularidad de una de sus tres magistraturas; lo que compromete una tercera parte de los votos que se emiten en esa mesa impartidora de justicia. Se lo cuento, querida lector, estimado lector.
Hace casi dos meses, se tomó protesta a la magistratura que estaba vacante en el poder electoral del estado. En ese espacio se requería por acción afirmativa, una mujer. Además se necesitaba a una abogada con amplia trayectoria en la materia electoral y además era fundamental que a esa judicatura arribara una especialista en administración de justicia. ¿Sabe Usted con cuáles de esos tres requisitos cumplió la infractora magistrada? Con uno de ellos: ser mujer.
Para ser magistrado o magistrada electoral, un profesionista debería pasar por aprender en algún consejo distrital local; luego quizá en algún consejo distrital federal o alguno municipal y, desde luego, idealmente por una consejería en el Instituto Estatal Electoral (el de la doble e). La magistrada incrustada no transitó por alguno de esos espacios, mire Usted, querida lectora, estimado lector, ni por integrarse en una mesa directiva de casilla pasó la abogada Laura Llamas Hernández: simplemente desconoce la materia.
Ahora hablemos de la materia: la electoral. “La llave de la democracia” se le denomina y no es menor. Los procesos democráticos tienen su base en la teoría del estado, en el derecho político electoral que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos principalmente en su artículo cuarenta y uno. Un proceso electoral administrativo y judicial apegado a los principios y garantías que le son propios, brinda a los actores políticos la certeza de un tránsito legal al poder público, es decir, un debido proceso electoral es columna de la transmisión pacífica del poder al revestirse de certeza y legitimidad. Aguascalientes merece triunfos inobjetables, confiables, respetables. ¿Sabe Usted cuál es la experiencia electoral que tiene la desfachatada magistrada? Ninguna.
Sírvase Usted un fresco jugo de naranja para reforzar las defensas de su cuerpo ante el coronavirus que nos azota estimada lectora, querido lector, porque viene lo mejor, mejor dicho viene lo peor. Al Tribunal Electoral se va a impartir justicia, sus tres integrantes darán solución a los conflictos y controversias derivados de los procesos electorales municipales y distritales locales. Los tres ponentes de esa mesa son jueces en materia electoral, es decir, son juzgadores de las impugnaciones y pugnas que en el acceso al poder público se generan. La responsabilidad de juzgar es, en esta materia como en ninguna otra susceptible, por el quebranto que puede darse en la paz social de que gozamos si se generara caos en la transmisión del poder. Pues bien, la forzada jueza Llamas Hernández, no tiene encargos previos relacionados con el ejercicio de judicatura alguna.
Se preguntará Usted ¿Qué hace entonces la abogada Llamas Hernández en el Tribunal Electoral Local? ¿Será que no había en todo Aguascalientes, una profesionista que cumpliera plenamente con lo requerido? Permítame responder la segunda: sí, sí se presentaron más de veinticinco profesionistas con portafolios engrosados con diplomados, maestrías y hasta doctorados electorales. En esa veintena había largas trayectorias profesionales de algunos que comenzaron inclusive como capacitadores y luego asistentes electorales, es decir, desde lo más bajo del servicio público electoral. De entre esa cifra de plata sólo una abogada destacó por negarse a que se hiciera público su currículum; seguro ya adivina Usted quién fue: la hoy magistrada Llamas que pretendió ocultar su falta de carrera y experiencia electoral.
Volvemos a la pregunta ¿Qué hace entonces una profesionista que sólo tiene en su haber curricular dos jefaturas de departamento, ambas en derecho burocrático? Pues esta cocinópolis sugiere preguntárselo al senador panista Juan Antonio Martín del Campo, pues en su muro de Facebook presume una fotografía con la abogada Llamas Hernández, que fue tomada justo el día que el senado asignó las vacantes judiciales electorales de varias entidades. Nada tenía que hacer en el recinto senatorial una de las aspirantes o, en todo caso debieron estar presentes los veintiséis concursantes, pues esas y esos profesionistas tenían derecho a competir en condiciones de equidad y les fue negado. Antonio Martín del Campo lanza un mensaje muy claro con su foto del triunfo: irrespeta a quienes buscaron un espacio profesional público por oposición pues no gozan de su amistad y confianza, a la manera de aquél profesor Hank González: siendo adeptos, aunque sean ineptos.
Siete años cobrará sueldazo y gozará de privilegios derivados de su encargo la abogada que hace apenas siete años egresó de la licenciatura en derecho en la universidad Cuauhtémoc donde por cierto, no se incluye en su currícula la materia de derecho electoral. Durante ese periodo no podrá oponer argumento alguno cuando su hacedor le ordene votar en tal o cual sentido pues, no tiene la formación para ello. Cada voto de la novel abogada podrá leerse en el sentido que a su padrino convenga y será otorgado como pago de compromisos políticos pues, no hay base que la sostenga; al no poseer una trayectoria meritoria y prestigiada su permanencia depende de un padrinazgo.
Finalmente, como feminista, sólo puedo lamentar que las acciones afirmativas sean utilizadas por un varón para ofertar un voto judicial electoral. Durante tres décadas hemos abierto espacios para las mejores mujeres, para las más preparadas, para las más formadas y no, para esas cuya ética personal no alcanza para decir: no gracias, senador, no tengo suficiente experiencia.
¡Nos vemos en la próxima!
