Leía esta semana al Dr. Óscar Rodrigo Castañeda Martínez, y coincido en algo con él: la importancia, la verdadera, de los organismos constitucionales autónomos (OCA’s) está en el mecanismo de nombramiento. El tema del recurso, su patrimonio propio, también lo es, pero en menor medida, incluso creo que eso se puede corregir con una solución que desde hace mucho se señala: un porcentaje desde el texto constitucional para cada uno de los OCA’s.
El tema del recurso debe de regularse de mejor forma, no se trata solo de etiquetar un porcentaje, sino de atender a las críticas que se han hecho a la forma en que se gasta el dinero para evitar al máximo que sea el pretexto para proponer su extinción. Por ejemplo, si para el presidente el tema es los “salarios altos” pues simple y llanamente topémoslos, siguiendo la regla que él mismo ha puesto: que nadie gane más que el Ejecutivo federal.
Pero regresemos al nombramiento, que es lo que considero es el verdadero quid: en la forma que se eligen está la clave. Y es que una de las acusaciones que se les hace a los titulares está enfocada a los perfiles: que si no lo tienen, que si son partidistas, que si son cuotas y cuates de los partidos, y así. Tenemos que tomar en cuenta una realidad, mientras estén en manos del legislativo o ejecutivo, se va a politizar y no se puede escapar al 100% de esta partidización, de los colores.
¿Entonces qué hacer? Dialogaba justo con Castañeda Martínez y él sugería mandarlos a la sociedad civil u organismos afines. No coincido, pues los ejercicios que han sido así en todo el país han resultado con los mismos problemas, el caso de los comités seleccionadores de los comités de participación ciudadana del sistema anticorrupción, es ejemplo de ello, pululan las críticas (algunas reales otras no) de que se terminó seleccionando a gente sin la mínima experiencia. La realidad es que en Aguascalientes así fue en ciertos casos, basta ver los currículos de algunos de los seleccionados para denotar que no existía la mínima experiencia en la materia.
Además, considero que el legislativo es la voz del pueblo (a pesar de lo devaluados que están los congresos) y es la génesis de la división de poderes en la teoría del estado, por ello no se debe alejarlos del nombramiento, en el fondo esta forma de selección y control radicada en los parlamentos, es un pésimo mecanismo democrático, con excepción de todos los demás, parafraseando a Churchill.
¿Dejar pues totalmente en las manos de los legisladores el nombramiento? Sí y no. Sí, porque debemos sacar la participación de los poderes ejecutivos que hoy en día, dependiendo del OCA pueden vetar, remover libremente, proponer y en caso de falta de acuerdo del legislativo, nombrar directamente. No, porque se debe de poner parámetros al legislador, principalmente en criterios cualitativos, o sea exámenes de conocimientos que permitan una primera depuración y, ya seleccionados los mejores perfiles, ahora sí entra la parte política, es decir, la decisión de la asamblea.
Ahora bien, esos exámenes previos sí deben de estar fuera de las manos del legislativo, creo que el caso más claro de un buen nombramiento, que ha ido corrigiendo los vicios, es el INE, a groso modo se nombran los consejeros así: cámara de diputados emite convocatoria y se crea un comité de expertos; comité evalúa a los inscritos y remite los 5 mejores candidatos para cada una de las vacantes; se trata de llegar a un acuerdo por los legisladores; si no lo logran, se insaculan; si no lo hacen, lo hace la SCJN.
Creo que nada puede escapar de la política, al final de cuentas esa es nuestra característica, zoon politikon, dijera el Estagirita, por ello, cualquier análisis de los OCA’s y su mejora (nunca su desaparición) debe ponderar ese factor. Buscar un proceso perfecto, fuera de los tradicionales poderes legislativos, es una entelequia, vaya, dicho de forma popular, una chaqueta mental.
