El Capitolio, Washington, D.C., 10 de febrero de 2021. La mayoría de los senadores estadounidenses miran estupefactos, indignados, petrificados los videos inéditos del asalto organizado, el 6 de enero próximo pasado, por los seguidores del entonces presidente Donald Trump al máximo recinto legislativo estadounidense.
Dos momentos resaltan: un grupo de personas que portan uniformes militares y sostienen banderas del movimiento MAGA (Make America Great Again) gritando desaforadamente: “¡Cuelguen a Mike Pence!”. Es decir, ahorcar al vicepresidente de los Estados Unidos; y otro donde individuos enfundados con camisetas tipo polo y bonetes de color naranja aúllan: “¡Nancy!” “¿Dónde estás Nancy?” Refiriéndose a la presidente de la Cámara de Representantes.
La escena arriba mencionada sirve como prólogo al presente artículo, el cual pretende explicar por qué la absolución lograda por el equipo legal de Donald Trump es el primer revés político para la administración que encabeza Joe Biden.
Cinco días después del asalto al Capitolio, tres congresistas demócratas, David Cilline, Jamie Raskin y Ted Lieu presentaron un artículo de juicio político contra Donald Trump, acusando al mandatario de “incitación a la insurrección”. El 13 de enero, 222 representantes demócratas y 10 republicanos votaron a favor del juicio político; 197 asambleístas republicanos se opusieron.
El 25 de enero, la Cámara de Representantes entregó al Senado la solicitud de juicio político contra el díscolo “Hombre Naranja”. El apartado argumentaba que Donald Trump incitó, durante un mitin, el asalto al Capitolio.
Para su defensa, Trump contrató a tres abogados: Bruce Castor Jr., David Schoen y Michael van der Veen. Todos ellos expertos en derecho penal y, curiosamente para la defensa de un juicio político, ninguno perito en derecho constitucional. El equipo legal de Trump utilizó tres líneas de resguardo: primero, la inconstitucionalidad del juicio político; segundo, citar a testigos; y, finalmente, la protección que otorga la Primera Enmienda de la Constitución.
El juicio político comenzó el 9 de febrero del año en curso. Durante el primer día, el senador por Kentucky, Rand Paul, intentó forzar una votación para desechar el juicio político. El argumento esgrimido era la inconstitucionalidad de juzgar a un expresidente. Sin embargo, el Servicio de Investigación del Congreso recomendó que “el Congreso tiene autoridad para extender el proceso de juicio político a los servidores públicos que ya no están en cargo alguno”1. Por lo tanto, la moción del senador Paul fue derrotada por un voto bipartidista de 55 a 45.
El sábado 13 de febrero, los demócratas volvieron a la carga y decidieron llamar a un testigo: el congresista republicano por Washington, Jaime Herrera Beutler, quien emitió una declaración en la cual detallaba que Trump le había gritado al líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, durante el asalto al Capitolio.
Entonces, el Senado votó para permitir la comparecencia de testigos. Esto fue aprovechado por los abogados de Trump para amenazar con convocar a decenas de declarantes. Esta acción provocó una negociación, cuyo resultado fue que la declaración de Herrera Beutler fuera registrada y continuar con el proceso.
La fiebre política de un sábado por la tarde continuó hasta el momento de la votación. 57 senadores, incluyendo a siete republicanos, votaron por declarar culpable a Trump de incitar a la insurrección. El expresidente consiguió que 43 parlamentarios del Partido Republicano votaran a favor de él. Sin embargo, los partidarios del juicio político no lograron los dos tercios requeridos por la Constitución y, por lo tanto, el “Hombre Naranja” fue declarado, como Pepe el Toro, inocente.
La última línea de defensa de Trump, la cual no fue utilizada, era la Primera Enmienda de la Constitución de la Unión Americana, la cual prohíbe la reducción de la libertad de expresión2. En este sentido, hay un precedente legal: en 1964, Clarence Brandenburg, un miembro del Ku Klux Klan, una organización racista, aludió a la posibilidad de “tomar venganza” en el caso de que el Gobierno Federal continuara “suprimiendo a la raza blanca”.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, la cual declaró que el lenguaje que promoviera la conducta ilegal estaba protegido por la Primera Enmienda a menos que la expresión incitara a “una acción ilegal inminente”3.
El escribano concluye: la exoneración de Donald Trump es la primera derrota política de Joe Biden porque el intento del Partido Demócrata de “utilizar como arma política a la Constitución”4 fracasó. Por ello, la presidente de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció ayer, lunes 15 de febrero, la creación de una “comisión estilo 11-S” para indagar qué pasó realmente el 6 de enero durante el ataque al Capitolio de los Estados Unidos.
Aide-Mémoire. – En el tablero de ajedrez sirio, los Estados Unidos y Rusia mueven sus fichas con letal rapidez.
1.- The Impeachment and Trial of a Former President https://bit.ly/3u5KhCY
2.- Beeman, Richard. The Penguin Guide to the United States Constitution. New York, Penguin Books, 2010, p. 62
3.- Brandenburg v. Ohio (1969) https://bit.ly/3u5sNqc
4.- Dershowitz says he´d defend Trump again in impeachment trial https://bit.ly/2N6eRvA
