- Constitucionalmente se tiene el derecho a la protesta social
- La sociedad poco a poco entenderá la protesta como un derecho y habrá de tolerarla
Luis Eloy Morales Brand, jefe del departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, consideró el caso de las ocho chicas y el joven que permanecían detenidos luego de la marcha del pasado lunes 8 de marzo, no deberá llegar hasta un tribunal, ya que es posible resolver a través de medidas alternas que son permitidas por ley.
El maestro en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho explicó que en las protestas sociales se arropa, hasta cierto punto, se puedan generar expresiones en contra de símbolos como los edificios públicos, “sí es posible, pues finalmente lo publico es de todos y tienen un significado y un significante distinto para cada grupo social, mientras no se ponga en riesgo la integridad de las personas, la vida ni a la propiedad privada, al poderse como un hecho de poder realizar una manifestación, respecto a reclamos legítimos que tienen las mujeres”.
Explicó que Constitucionalmente se tiene el derecho a la protesta social, ante alguna inconformidad o incumplimiento de la autoridad a sus responsabilidades, además de la libertad de expresión y a la manifestación, sin dejar de lado que todo tiene límites ante los derechos de los demás.
Recordó que la manifestación de las mujeres es legítima desde una perspectiva social, ética y jurídica, el problema surge cuando se sale de control y se violentan derechos ajenos, aunque eso corresponderá a la autoridad respectiva resolver quiénes son los responsables, pues hay acusaciones tanto del lado de las civiles como de las autoridades.
Dijo que, de acuerdo con el Derecho Emergente que está siendo considerado en el ámbito internacional en materia de derechos humanos, está dentro de lo permitido realizar pintas de manifestaciones en edificios y monumentos públicos, no en propiedad privada, y sin ánimo de exacerbar la violencia, por lo que no se puede comprender cómo es que los cuerpos policiacos incurrieron en ignorar un protocolo que se supone deben anteponer, por su preparación y constante capacitación.
Consideró que lo anterior debe tomarse en cuenta y momento de que se lleve a cabo la negociación a fin de que los manifestantes detenidos, puedan transitar por esta situación sin antecedentes penales, ya que no son casos de relevancia que se tengan que tratar ante tribunales con un proceso penal o prisión, pues se pueden resolver de otra manera y garantizar los derechos de todos.
Destacó que si bien los manifestantes tuvieron un mal proceder al abusar de la pasividad de los elementos que estaban para resguardar el lugar, sus directivos les debieron recordar que estaban allí para disuadir y proteger, no para incrementar la violencia, “no siguieron el protocolo disuasivo, sino el de la fuerza”.
Respecto a que es difícil para un sector de la población entender el derecho a la protesta se basa en que vivimos en una sociedad plural, donde no es posible pensar de la misma manera y debido a que ningún derecho es absoluto, pues por ejemplo no se puede incentivar al odio, a la discriminación ni a violentar personas, aunque al referirse a los edificio públicos debe entenderse que son de todas y todos y significan algo, y hay posibilidad de que sufran algún daño: “Entiendo que podemos entrar a un debate de si está bien o mal, pero poco a poco la sociedad va a ir entendiendo, hablando de cosas públicas, de una manifestación legítima, la sociedad lo va a ir comprendiendo, aunque no estén de acuerdo, como pasa con muchos otros derechos; los tienen que tolerar, es parte de vivir en sociedad”.
