APRO/J. Jesús Esquivel
Carente de jurisdicción en y sobre México, el juez federal Eric Vitaliano, de la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, autorizó la confiscación de cinco presuntas propiedades del narcotraficante Rafael Caro Quintero en Guadalajara, Jalisco.
“La orden de hoy es otro paso hacia adelante en la incansable lucha de justicia por parte de las víctimas y en especial del agente de la DEA, Enrique Camarena, de la salvaje organización de tráfico de drogas de Caro Quintero”, indicó en un comunicado el fiscal federal Mark Lesko.
La orden o autorización del juez Vitaliano es un sinsentido. El gobierno federal de los Estados Unidos, en este caso los Departamentos de Justicia y el del Tesoro, carecen de autoridad y jurisdicción para confiscar propiedades y bienes en México.
Caro Quintero está acusado por el gobierno de Estados Unidos del secuestro, tortura y asesinato de Kiki Camarena, homicidio ocurrido en 1985 en Guadalajara, en donde el estadounidense estaba asignado como agente de la Administración Federal Antidrogas (DEA).
“Las propiedades fueron adquiridas por Caro Quintero con dinero procedente de la venta de drogas generadas por su organización que es una fracción del crimen organizado sindicado de México, conocido como el Cártel de Sinaloa”, apuntó la fiscalía federal en Brooklyn.
Conscientes de que la orden o autorización del juez federal no se puede cumplir por la ausencia de jurisdicción de Estados Unidos dentro de México, los fiscales anotan que “por medio de los canales diplomáticos buscarán hacer cumplir el mandato”.
Las propiedades que pretende confiscar la fiscalía ya habían sido identificadas en otra denuncia civil y criminal contra Caro Quintero, de las múltiples que tiene en su contra el narcotraficante mexicano en lugares como Los Ángeles, Nueva York y Washington, D.C.
La petición de los fiscales ante el juez que la avaló, sostiene que Caro Quintero compró las cinco propiedades que están dentro y alrededor de Guadalajara, con el dinero que obtuvo entre enero de 1980 y marzo de 2015, de la exportación a Estados Unidos de múltiples toneladas de mariguana, cocaína y metanfetamina.
“Caro Quintero presuntamente puso las propiedades a nombre de miembros de su familia para esconder su titularidad de los inmuebles adquiridos con dinero procedente de las drogas ilícitas y para evitar que las autoridades mexicanas se las confiscaran”, manifestó la fiscalía.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) tiene a Caro Quintero entre la lista de los 10 criminales que más busca en el mundo, por lo que el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que conlleve a su ubicación y captura.
Bajo el acuerdo de extradición México-Estados Unidos, los dos países comparten en un 50% para cada uno, las propiedades, bienes y dinero que le confisquen a los criminales buscados y detenidos en su lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y otros delitos.
Sin embargo, el tratado no autoriza la violación jurisdiccional que atenta contra la soberanía y territorialidad de que cada nación.
Los fiscales estadounidenses que intentarán convencer al Gobierno de México de confiscar las cinco propiedades presuntamente de Caro Quintero en Jalisco son Brendan King y Patricia Notopoulos.
