Acaso los dos hallazgos más consistentes del Índice de Estado de Derecho en su edición 2021, y tercera dedicada a México y a cada una de sus entidades federativas, sea que la impartición de justicia se ha visto afectada aún más de lo que ya estaba por motivo de la pandemia, y que la inseguridad pública se mantiene como uno de los temas más graves que enfrenta la sociedad mexicana.
Advierte la organización WJP (World Justice Project) que se deduce de los resultados un visible estancamiento en el progreso del país hacia el estado de derecho, con cambios muy marginales desde que dicha medición se hace en México.
El Índice, que como sabemos mide ocho factores que conforman en su visión el Estado de Derecho, a saber: límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil, y justicia penal, destacó que los estados con los puntajes más altos fueron Yucatán (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44).
Cabe mencionar que Yucatán ha liderado las tres ediciones del Índice, mientras que Coahuila y Campeche subieron desde las posiciones 6 y 4 en la versión previa del informe, respectivamente. En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35), y Morelos (0.36).
Destaca el citado índice que el principal reto en materia de Estado de Derecho durante la emergencia sanitaria fue el sistema de justicia penal, ya que cayó en 16 entidades desde la última edición (Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas). Según los indicadores que evalúan la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia, los datos sugieren que los sistemas de justicia penal se vieron afectados por la falta de medidas oportunas y propicias de justicia abierta y digital que faciliten el acceso a la ciudadanía por medios remotos y colaborativos. Así el país mantiene retos muy importantes en el área de investigación penal, ya que por tercer año consecutivo, el indicador peor evaluado en la mayoría de las entidades federativas fue el que analiza la efectividad en las investigaciones de las policías y del Ministerio Público. El informe completo en: https://bit.ly/3wkoAze.
Cola. Cualquier transformación seria de la realidad social y política de México, sea cuarta, quinta o sexta, pasa por la existencia y consolidación del Estado de Derecho. Casos como el del militar de alto rango rescatado ominosamente en Estados Unidos, los varios exgobernadores o gobernadores prófugos o bien los exsecretarios de estado y exdirectores de paraestatales; entre tantos otros impunes, minan poderosamente la credibilidad de un gobierno empeñado en el discurso, pero al parecer no tanto en la realidad, en eliminar la corrupción de la vida pública. No basta con buenas intenciones y menos con declaraciones optimistas o triunfales.
@efpasillas
