Colombia ha vivido semanas de suma tensión que se han capitalizado en
diferentes brotes de violencia en el país cafetalero dejando lamentablemente
19 muertos, más de 800 heridos y al menos 4 denuncias de violaciones
sexuales por parte de los cuerpos policiales en los enfrentamientos
ocasionados por la denominada y muy controversial “Ley de Solidaridad
Sostenible”.
La “Ley de Solidaridad Sostenible” forma parte de una serie de esfuerzos
llevados a cabo por el gobierno colombiano para lograr una mayor recaudación
en miras de poder contrarrestar los efectos económicos tan profundos de la
pandemia por COVID-19 que ocasionaron que en 2020 la contracción en el
país sudamericano fuera de 7% del PIB, cifra récord para el mismo y que
cuenta con más de 2.9 millones de contagios y más de 75 mil muertes
confirmadas.
Esta reforma tributaria, llamársele así por que lo busca en realidad es reformar
las leyes fiscales, buscaba a través de diversas medidas el poder recaudar
alrededor de $6,600 millones de dólares que en teoría iban a estar dedicados a
diversos sectores estratégicos buscando la generación de mejores condiciones
para la recuperación económica.
La reforma consistía en diversos puntos, el más polémico por el alcance tan
grande dentro de la población colombiana era la obligación de aquellos
individuos con ingresos mayores a $2.4 millones de pesos colombianos
mensuales (equivalentes a $663 dólares con tipo de cambio actual) deben
declarar impuesto sobre la renta, una medida atacada por los principales
sindicatos del país donde el salario mínimo es equivalente a $248 dólares y
esta cifra se reduciría en 2023 para los que reciban cifras superiores a $1.7
millones de pesos colombianos mensuales (equivalente a $470 dólares
mensuales), en una medida que trata de recabar de la población no
contribuyente importantes sumas pero que de cierta manera puede ser
sumamente complicado para los mismos.
El impuesto al valor agregado se incrementaría a diferentes servicios
considerados como de primer necesidad como luz, alcantarillado, energía y gas
domiciliario para los estratos elevados de la sociedad del país en una tasa del
19%.
Se cobraría a aquellos con un patrimonio superior a los $4,865 millones de
pesos colombianos (unos $1.35 millones de dólares) podrían ser sujetos de un
gravamen del 1%, pero si el patrimonio supera los $14,595 millones de pesos
colombianos (unos $4 millones de dólares), pagarían el 2% sobre el total del
patrimonio, un intento de poder cobrar grandes cantidades al mayor estrato
económico del país.
Para los trabajadores del sector público y privado con ingresos mayores de $10
millones de pesos colombianos mensuales (unos $2,765 de dólares) se
propuso que se les cobre durante el segundo semestre de 2020 el "impuesto
temporal y solidario a los ingresos altos” consistente en un 10% del ingreso
percibido.
Todas estas medidas estaban encaminadas a poder reducir el déficit fiscal $90
billones de pesos colobianos (equivalentes a $24 mil millones de dólares) de
acuerdo a datos de Ministro de Hacienda de Colombia, que es la diferencia
entre los ingresos y los egresos del gobierno colombiano, así como destinarlos
a los estratos más bajos de la población colombiana, en donde se pone en
entredicho la cantidad real de recursos que puedan hacer llegar a estos
estratos entre denuncias de corrupción e ineficiencia del aparato
gubernamental.
Necesaria la reducción de la brecha fiscal ya que el déficit fiscal de acuerdo a
datos fue de 8.3% del PIB de 2020, la reforma fue ideada de una manera para
poder generar resultados casi de manera inmediata, ante esto el shock
ocasionado en la población contribuyente es tan profunda que se resiente de
manera alarmante en la misma además de permear en la gran mayoría de la
población lo cual ocasiona que el descontento sea generalizado.
Adicionalmente esta es la tercera reforma tributaria en tan sólo 3 años lo cual
ocasiona que ante tanto cambio tan seguido el hartazgo de parte de la
población así como el poco tiempo para mitigar los impactos de cambio dentro
de las leyes tributarias contribuyan a que una reforma tan agresiva como la
presentada en el 2021 por el gobierno cafetalero repercuta en las reacciones
tan súbitas que tiene el país.
Pensar que la solución para reactivar la economía y reducir el déficit fiscal es
cobrar más impuestos cuando lo que falta en estos tiempos es liquidez dada la
pandemia de COVID-19 es sumamente erróneo dentro del plantamiento, donde
indudablemente se evidencia la falta de una correcta planeación de la reforma
tributaria en términos de implementación y mitigación de impacto.
Hay diferentes posibles alternativas a esta reforma, como un recorte
generalizado agresivo de parte de los egresos por parte del gobierno
colombiano que pudieran provenir de diferentes servicios prestados a la
población, recortes al aparato gubernamental, reducción de desarrollo de
nuevas obras públicas y proyectos de carácter social entre otras, estas tienen
diferentes consecuencias como la reducción de crecimiento de la economía
colombiana y por ende de su recuperación, así como el debilitamiento de la
eficiencia del aparato gubernamental entre otras que pueden repercutir al largo
plazo.
Otra de las alternativas pudiera ser emisión de deuda soberana que ayude a de
manera momentanea a no subir los impuestos, buscando la recuperación del
país pero que como consecuencia trae mayor presión a los flujos futuros
provenientes de la recaudación y egresos de parte de gobierno.
Soluciones de política fiscal pueden aplicar de manera complementaria para
tan sólo para el crecimiento de la economía colombiana, ya que este tipos de
soluciones sólo aplican de manera directa a la cantidad de dinero para la
equilibrio y crecimiento económico,como lo puede ser recompra de activos
financiero en el mercado local, reducción de tasas de interés entre otras
medidas pero eso sería ejecutado por el banco central de Colombia que en
este caso cuenta con autonomía y puede rechazar tomar dichas medidas, es
decir no sólo el problema de manera completa.
Sin lugar a dudas no hay una solución perfecta, pero este tipo de reformas se
tienen que idear de la mejor manera para evitar que un tema meramente
tributario escale hasta convertirse en una verdadera crisis social como lo
hemos visto en Colombia y se convierta en el desastre perfecto.
