Los responsables del fallecimiento de 26 personas en Tláhuac apuestan a un fenómeno social para librar la cárcel por sus actos de corrupción. Le llaman la “sociología de las élites delincuentes” y ha sido estudiado desde las primeras fallas de la Línea Dorada.
EMEEQUIS
Cuando la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México cerró parcialmente, en 2014, tras revelarse una serie de fallas estructurales que ponían diariamente en riesgo a 400 mil usuarios, la indignación que causó en el público no se tradujo en sanciones judiciales severas para una élite en el servicio público.
Ahora existe un riesgo de que suceda lo mismo tras el colapso del tren en la estación Olivos, que ha dejado 26 personas fallecidas: mucho ruido en las calles y pocas nueces tronando en prisión.
Hace siete años, la entonces Contraloría General del Distrito Federal realizó una investigación para conocer quiénes serían los responsables de presuntos actos de corrupción en la construcción de la Línea 12 del Metro. Entre todos los involucrados en la obra, los auditores únicamente pusieron el dedo sobre 33 personas.
De ellas, sólo 15 personas fueron denunciadas penalmente ante la exprocuraduría local. El funcionario de más alto rango señalado en aquel informe fue Enrique Horcasitas, titular del Proyecto Metro, un organismo del gobierno de la ciudad fundado exclusivamente para el diseño y creación de la también llamada Línea Dorada.
A pesar de que los auditores encontraron que Enrique Horcasitas habría encabezado un esquema de corrupción y desfalco millonario al erario público con potenciales riesgos mortales para miles de personas, su castigo no ameritó prisión: sólo una inhabilitación por diez años para desempeñar cargos en la administración pública capitalina y una multa por 7.8 millones de pesos.
Duro con los débiles, débil con los duros
Nadie más arriba en el organigrama fue sancionado: ni el entonces director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega, ni algún jefe de Gobierno entre el periodo anterior o actual, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera o Claudia Sheinbaum.
En cambio, hacia abajo sí hubo castigados y hasta con órdenes de aprehensión: un director de administración, un subdirector de costos, un jefe de la unidad departamental de concursos, entre otros servidores públicos de mediano y bajo nivel.
Las protestas por el cierre de la Línea 12 entre las estaciones Atlalilco y Tláhuac –todas en los tramos elevados– buscaban a un castigo ejemplar que estremeciera los niveles más altos del gobierno capitalino, pero terminaron por conformarse con reprimendas laxas para burócratas medianos y sanciones fuertes para trabajadores de escalafones bajos.
Este fenómeno, analizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), es investigado como “sociología de las élites delincuentes”, es decir, cómo reacciona la sociedad y las instituciones ante los “delitos de cuello blanco”.
“Lo que ha llamado la atención de los especialistas a propósito de las conductas delincuenciales o social y moralmente reprobables de ciertas élites públicas y privadas es que, a pesar de expresiones reiteradas y sonadas de indignación, tanto en la prensa y en los circuitos convencionales de discusión pública, esas conductas raramente generan sanciones severas.
“Es decir, la severidad de las sanciones judiciales raramente está a la altura del tamaño de la reprobación social inmediata que generan esos escándalos (…) A una denuncia muy sonada, muy ruidosa, suele corresponder una reacción social débil”, asegura el investigador Vicente Ugalde.
La impunidad de los cuellos blancos
Para el académico, es sorprendente que la delincuencia de cuello blanco no suele aparecer en la misma categoría de actividades que ponen en riesgo el orden social, como sí sucede con el crimen organizado o delitos del fuero común como el homicidio o el secuestro.
También le extraña que el público no demande castigos acorde a los daños a la sociedad: la gente más joven, con menores ingresos o bajo nivel cultural suele tener más tolerancia a los delitos de “cuello blanco”, según esta teoría.
“Entre los trabajos que han abierto la discusión sobre este tema debe sin duda ser mencionado el de Del Pont y Nadelsticher en el que, al comparar a sujetos de delitos de cuello blanco con respecto a los de delitos convencionales, buscó identificar diferencias en el público sobre este tipo de delitos y delitos convencionales.
“El estudio revela que la población piensa que el castigo más adecuado para los delitos convencionales es la privación de la libertad, mientras que para los delitos de cuello blanco la sanción más citada es una reprensión ante el público y no la prisión”, escribió Vicente Ugalde.
Las “élites delincuentes”, asegura el investigador, cuentan con la repetición de ese fenómeno para librar la prisión y tener sanciones más laxas que las que recibiría un homicida o un integrante del crimen organizado, aunque con sus actos de corrupción el daño sea igual o mayor al que cometería un “delincuente convencional”.
Ni una renuncia
A una semana del colapso de la vía elevada que conectaba las estaciones Olivo y Tezonco, aún no hay sancionados por el fallecimiento de 26 personas y por las graves heridas de 34 pasajeros que aún permanecen hospitalizados.
Tampoco hay funcionarios cesados o que hayan presentado su renuncia al cargo, pese a las presiones en las calles y en redes sociales para que Florencia Serranía, directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, sea cesada de su puesto.
Incluso, fue cancelada la posibilidad de que un organismo de la Cámara de Diputados investigara las causas del colapso y a sus posibles responsables, gracias a que la mayoría de los diputados de Morena –el partido donde milita el presidente de México y la jefa de Gobierno– votaron en contra de la propuesta.
La última esperanza de justicia para las víctimas, sus deudos y familiares, está puesta en el peritaje independiente que ya realiza la empresa noruega DNV GL, que ha realizado investigaciones de gran calado en desastres naturales y grandes fallas estructurales, como la explosión de la plataforma petrolera de Deepwater Horizon de la empresa British Petroleum, que causó el más grande derrame de petróleo en la historia de la humanidad.
La mañana de este lunes, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dijo que los resultados de los peritajes podrían estar a mediados de junio.
“Las preocupaciones que han dado lugar a trabajos sobre las élites delincuentes bien podrían ayudarnos a estructurar una forma más de ver lo que ocurre en torno al caso de la L12 del Metro, independientemente de que los procedimientos de definición de responsabilidades están aún lejos de llegar a su fin”, concluyó Vicente Ugalde.
@emeequis
