Hacia finales de agosto del 2020, sí, en medio de los momentos y efectos más álgidos de la pandemia del coronavirus en el país, el presidente López lanzó, en definitiva, su intención de convocar a una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes por presuntos actos de corrupción. Unos meses antes, en sus tradicionales conferencias mañaneras, ya había propuesto la citada consulta, a la espera que la tomaran como propia al menos 1.8 millones de ciudadanos de aquellos míticos 30 millones del 1 de julio de 2018 o 33% de cualquiera de las Cámaras legislativas bajo su dominio, entonces incuestionable. No sucedió, ni se movieron sus huestes morenistas para conseguir el millonario apoyo de firmas (la pandemia, dijeron); ni sus obedientes legisladores se lograron organizar para impulsar la consulta que su jefe exigía. Como siempre, el presidente, tuvo que tomar el asunto en sus manos, y, hacer la propuesta directamente al INE, tal y como lo faculta el artículo 12 de la Ley Federal de Consulta Popular.
El INE, estricto como es con sus responsabilidades, argumentó que una consulta nacional, de la envergadura que solicitaba el titular de Ejecutivo, debía realizarse bajo los estándares más altos de los procedimientos organizacionales, lo que implicaba un costo muy alto, mismo que no estaba considerado en su presupuesto del 2021. Se defendió jurídicamente ante la SCJN, pero no tuvo éxito, la Corte le señaló que debía realizar el ejercicio a más tardar en agosto de este año, esto es, un par de meses después del más grande y costoso proceso electoral constitucional del México contemporáneo.
No debemos soslayar el entorno de la realidad que vivía el país ante la emergencia sanitaria, la crisis del sistema de salud nacional ante el empuje de los contagios y decesos provocados por el covid-19 y la ausencia de una estrategia clara de salud pública del gobierno federal; el cierre drástico de la economía, constreñida desde inicios del 2020, con su pérdida millonaria de empleos, de inversión, y el crecimiento acentuado de la pobreza entre la población, principalmente en las áreas urbanas, sobre todo en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Realidad que contrastaba con el empecinamiento presidencial por llevar adelante sus megaproyectos de infraestructura, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y Dos Bocas. Caprichos que dejaban sin recursos otros problemas más sentidos por la población, como los medicamentos para los niños y mujeres con cáncer, el equipamiento de centros de salud, clínicas y hospitales, apoyo a la conservación de los empleos y las microempresas. Desde entonces, ya se intuía el propósito distractor de la consulta popular.
Fiel a su filosofía, López politizó el tema de su lucha contra la corrupción como lo venía haciendo desde sus campañas del 2006 y 2012, la diferencia radica en que hoy lo hace desde el pleno ejercicio del poder. Redentor, como se asume a sí mismo, el presidente en medio de la crisis económica más aguda que haya sorteado México en la última década logró iniciar la carga contra los expresidentes de Fox a Peña Nieto, pasando por supuesto por su némesis Felipe Calderón. Su justicia sobre la legalidad nacional, ese es el principio de actuación lopezobradorista y cuatrotero. AMLO ignoró olímpicamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 128 constitucional), saltó sobre los preceptos constitucionales referidos a la responsabilidad de los servidores públicos y particulares ante el Estado (artículos 108 y 109), la definición de la Ley Suprema de la Unión (artículo 133), así como la aplicación irrestricta del principio de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados los recursos confiados a los servidores públicos (artículo 134).
En resumen, bastaba al presidente López aplicar la Constitución, la ley.
Organizar un circo en torno al mero cumplimiento del deber, es pura pirotecnia política. La falta de resultados en materia de la provisión de los medicamentos para los niños con cáncer (que debieron llegar el pasado sábado 26) y otros insumos relacionados; los pobres positivos propios en la economía nacional; el informe sobre el accidente de la Línea 12 y sus catastróficos efectos en la estructura interna de la 4T; la pérdida de 14 millones de votos; la necesaria reestructuración al interior del equipo de gobierno federal. Necesitaba un distractor, no importaba el costo, la idea era lanzar el buscapiés para que la opinión pública se distrajera un par de meses, tiempo que le otorgará un respiro al señor de Palacio Nacional.
La argucia palaciega de la consulta le costará al país poco más de 500 millones de pesos. La movilización, involuntaria, de al menos 250 mil ciudadanos para la función de responsables de las mesas receptoras de la consulta. Se reciclarán solamente alrededor de 50 mil centros de votación, donde podrán votar hasta 1500 ciudadanos. El resultado, para poder ser vinculante, debe alcanzar al menos una votación equivalente al 40% de la lista nominal del INE, esto es, alrededor de 37.5 millones de sufragios (artículo 64 de la Ley Federal de Consulta Popular), de otra manera, al presidente López, sólo le restará aplicar la ley.
En el optimismo presidencial, sí se repitiera la extraordinaria participación del pasado 6 de junio, con la visita a las más de 162 mil casillas instaladas en el país, aunque ahora serán menos de un tercio de las de entonces, de los 49.5 millones de votos, el 75.75% deberán votar para alcanzar la cifra de los 37.5 millones de votos para que la consulta sea útil, sea en uno u otro sentido. Suerte con eso.
Hoy podemos constatar una acción no concertada orgánicamente, pero sí solidariamente, en contra, en un primer momento, de la participación en la consulta. Pronto veremos en las redes sociales, en los medios de comunicación y en los foros relativos, la tendencia de las 82 organizaciones que participaron en el proyecto Va por México, respecto al juego de los fuegos artificiales de la 4T.
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