Someter la procuración de justicia a consulta popular es, por decir lo menos, una estupidez. Es obligación del Estado investigar y sancionar los delitos, todos y sin distinción de quién los cometa, eso no se puede cambiar porque una mayoría confunda venganza con justicia, que es lo que hace la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de someter a juicio penal a los expresidentes.
De acuerdo al INE, la Consulta Popular es un mecanismo de participación en el que la ciudadanía expresa su opinión sobre un tema de trascendencia nacional, la procuración de justicia lo es, por supuesto, pero en el ejercicio que se realizará en agosto, eso no es lo que está en juego, se trata solamente de avalar un gesto de López Obrador, quien sostuvo que él no va a participar, pero que la promueve porque tampoco quiere pasar a la historia como “tapadera, alcahuete”; además, al exponer las razones por las que el presidente quiere que se persiga a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox y Ernesto Zedillo Ponce de León, aparte de que no hay una sola prueba, lo que hizo López Obrador fue demandar venganza por los fraudes electorales de los que cree que fue víctima e insistir en la maldad de los políticos de los regímenes anteriores.
López Obrador acusa a los expresidentes por privatizar empresas del Estado (Salinas de Gortari), del Fobaproa (Zedillo), de traición a la patria a Fox por cargar los dados para que su partido ganara la presidencia Calderón, y a Felipe Calderón lo acusa no de la guerra contra el narco, sino de haberlo hecho “sin atender las causas”, mientras que Peña Nieto debe ser juzgado por “los actos evidentes de corrupción”; pero nada de eso estará en la boleta de la consulta, que al final quedó de la siguiente manera:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en os años los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Para que el resultado de la Consulta Popular sea vinculante se necesita 37 millones de votos, ¿para que obligué a qué?, quién sabe, es posible que no se reúna esa cantidad de votos, sobre todo porque el presidente públicamente no alienta la participación en este ejercicio y tampoco promovió los recursos extraordinarios que requiere el INE para realizarlo; con esa actitud, López Obrador está condenando al fracaso un mecanismo novedoso para los mexicanos, sólo para sentirse a gusto ante el juicio de la historia.
Condena al fracaso no sólo por el desdén con que la mira el presidente, o porque no hay una idea clara de a qué van a obligar los resultados de la Consulta, además la discusión pública que se está desarrollando sobre este ejercicio cuenta con argumentos pobrísimos pues no ha faltado quien diga que los recursos que se va a gastar el INE en realizarla deberían dedicarse a otra cosa.
La idea de la consulta popular es magnífica, debería movernos a participar, a fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, pero le pasó lo que le ocurre a todo lo que toca la Cuarta Transformación con su polarización simplista, lo convierte en un chiste.
Coda. Una idea de Jesús Silva-Herzog Márquez sobre la ceremonia del voto: “El voto no es simplemente un pedal de premios y castigos. Una ficha de contratación o una sentencia de desahucio. Así nos lo ha pintado la doctrina que reduce la democracia a una tecnología selectiva: el utensilio para el escarmiento de los malos gobiernos. Votar para librarnos de incompetentes. El sufragio, sin duda, pretende servir de correctivo, pero no es sólo eso lo que convoca a los votantes a la ceremonia electoral. El mensaje que proyecta trasciende esa lógica instrumental. El voto es también una carta de pertenencia”, con sus bufonadas, López Obrador consigue menospreciar ese ritual.
@aldan
