- También se detectó que no hay personal “altamente calificado”
- Se necesita regular un servicio profesional de carrera en los trabajadores de la Fiscalía
De acuerdo a la reciente investigación “Fiscalías Anticorrupción, Un ejercicio de transparencia y acceso a la información sobre su autonomía y resultados”, elaborado por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, en Aguascalientes no se cuenta con el número ideal de funcionarios públicos en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción para que esta funcione apropiadamente.
Según el estudio, la Fiscalía de Aguascalientes es una de las 23 de todo el país en las que el número de funcionarios por cada 100 mil habitantes no es igual o mayor al promedio nacional de funcionarios por dicha cantidad de habitantes.
La investigación explica que el que “la fiscalía cuente con personal suficiente es relevante, pues de ello depende que la institución esté en posibilidad de hacer frente a las denuncias que se reciban, y a darles seguimiento”.
Aunado a ello, también se encontró que la institución autónoma encargada de investigar delitos de corrupción en la entidad, tampoco tiene un “servicio profesional de carrera” en sus trabajadores.
Ese indicador analizó que “al menos todos los puestos relacionados con la investigación se otorguen a través del servicio profesional de carrera”, lo que en Aguascalientes, como en otras 12 fiscalías, aún no es una realidad.
Sobre ese aspecto, la investigación consideró que la “tecnicidad del trabajo de una fiscalía requiere de personal altamente calificado, que cumpla con perfiles específicos y procesos de selección determinados”.
Algunas de las “salvaguardas” fundamentales en la independencia y en la autonomía de los fiscales son: “la regulación de un servicio profesional de carrera que establezca, entre otros aspectos, un procedimiento transparente y público en todas sus etapas”, aspecto que se debe mejorar en la Fiscalía Anticorrupción estatal para lograr tener una mejor autonomía, ya que el estudio lo establece como uno de los 12 criterios que definen la independencia de las fiscalías.
