- Estudio revela que no cuenta con la participación de actores diversos en el nombramiento de su titular
- Tampoco hay un reglamento de remoción para evitar, por ejemplo, que este sea removido por intereses políticos
De acuerdo al estudio Fiscalías Anticorrupción, un ejercicio de transparencia y acceso a la información sobre su autonomía y resultados, elaborado por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Aguascalientes todavía tiene dos procesos internos por mejorar para tener una mejor autonomía: la participación de más actores en el nombramiento de su fiscal y un procedimiento de remoción del mismo.
Según la investigación publicada este julio, la Fiscalía Estatal Anticorrupción todavía no cuenta con esos dos factores que, establece el estudio, podrían ayudar a que tenga una mejor autonomía que garantice un mejor trabajo de la misma. Dicha Fiscalía fue calificada con apenas un 1.56% de efectividad, pues, de las 64 denuncias que llegaron, solamente una obtuvo una sentencia condenatoria, el resto siguen impunes.
Sobre la falta de participación de diversos actores para el nombramiento del fiscal, la pesquisa establece que estos son necesarios “para evitar el conflicto de interés, las consideraciones políticas o partidistas, y generar confianza, así como para garantizar la independencia y autonomía política de los fiscales, lo cual juega un rol clave en la confianza institucional y en la credibilidad de sus funciones y resultados”.
Además, también se argumenta que es importante que “en la elección de los perfiles se incluyan mecanismos de participación de la sociedad civil para objetar o impugnar candidaturas”, lo que generaría un vínculo entre institución y sociedad para promover la participación ciudadana.
En el caso de la falta de un procedimiento adecuado de remoción del fiscal, el estudio explica que este es “necesario para evitar que el fiscal pueda ser removido del cargo por intereses políticos o de índole similar”, pero también, contar con un proceso así brinda cierto blindaje institucional en el desempeño de sus funciones, y por tal eso influye en la autonomía de la misma Fiscalía.
Por último, se aclara que un procedimiento así “permite que el fiscal se desempeñe autónomamente, con la tranquilidad de que sus decisiones no darán lugar a intervenciones de ninguna especie por parte de los poderes del estado”.
