El presidente López, hábil políticamente, lanzó al ánimo de la opinión pública, su iniciativa de procesar judicialmente a los expresidentes de México por actos de corrupción durante sus respectivas gestiones, de acuerdo a su propuesta de campaña del 2018. Sin embargo, y otra vez fiel a su estilo, esta acción debía ser una propuesta que se definiera a través de una consulta ciudadana porque asegura que “no quiere enviar el mensaje de que se trata de una venganza política”. Originalmente, su diatriba iba dirigida específicamente a los exmandatarios Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, los mandatarios del período neoliberal, de conformidad al cronograma político de la 4T.
Durante los primeros meses del 2020, la 4T tejió el asunto de la consulta. La supuesta beneficiaria de esta propuesta, la ciudadanía, distraída, se debatía sola contra los efectos de la mortal pandemia del Covid 19. Realmente el asunto de aplicar la justicia a los exmandatarios no era su prioridad. En un principio, la intención de AMLO era vincular la consulta al proceso electoral del pasado 6 de junio, calculando la respuesta al INE sobre la estimación del costo de la consulta, que, según las áreas técnicas del órgano electoral, ascendería a una cantidad cercana a los 8 mil millones de pesos, recursos que no estaban considerados en su presupuesto del 2021. Sin embargo, los versados en estos asuntos de carácter político electoral, claramente observaron que la intención era poner en la boleta del 6 de junio el nombre de López Obrador, y dar un “empujoncito” a sus candidatos a los cargos en disputa en esa votación nacional. Asimismo, era importante que esa vinculación garantizara que los resultados de la propia consulta alcanzaran los números mínimos exigidos por la ley para que, de ganar el sí, sus efectos fueran vinculantes.
El presidente, siempre en el marco de su abierta ofensiva política por impulsar y dar soporte a su proyecto de nación, hizo llegar al Senado de la República su solicitud para formalizar la realización de la consulta, promoviendo su trámite a través de las instancias legislativas correspondientes. Así, el 15 de septiembre pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó su proyecto de consulta popular para llevar ante la justicia a los extitulares del Ejecutivo federal. En esa misma fecha, el Senado turnó el asunto al Poder Judicial de la Federación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, a principios de octubre de 2020, con una votación dividida de seis contra cinco, constitucional la consulta ciudadana que planteó el Presidente de la República, aunque modificó de manera substancial la pregunta que originalmente envió el Ejecutivo Federal, para respetar la presunción de inocencia de los involucrados y reconociendo que no tendrá efectos vinculantes, en el sentido de que un proceso judicial dependerá de que exista una denuncia en términos de lo que establecen las leyes. (Mena, Jesús. “Consulta ciudadana”, El Siglo. 5 de octubre de 2020)
Después de rápidas deliberaciones entre los legisladores, tras la resolución de la Corte, y definidos los resultados del debate legislativo, se aprobó el “Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular”, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de 28 de octubre de 2020.
De este proceso de aprobación la pregunta final quedó con el siguiente texto: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
De esta suerte, el posible resultado de la consulta del 1 de agosto, no determinará quién puede ser llevado a la justicia, como lo mencionó uno de los ministros que se pronunció en contra de su realización, argumentando “la justicia no se consulta”, ya que ello significaría una grave falta al estado de derecho y a la Constitución, por eso la necesaria reformulación de la pregunta, para que su redacción no vulnere derechos constitucionales.
La declaración de constitucionalidad por parte de la corte implica que el tema seguirá en la agenda pública, sin embargo, la pregunta que reformuló la Corte es tan ambigua que definir las “decisiones políticas” y los “actores políticos” de los “años pasados” parece una tarea casi imposible, dadas las múltiples decisiones y actores políticos que participaron durante las últimas décadas en los más altos niveles de gobierno. La persona o institución que tendrá la responsabilidad o facultad legal procedente definirá, en caso de que los participantes de la consulta así lo decidan, las “decisiones políticas” a investigar y a los “actores políticos” involucrados, y será quién en realidad pueda llamar a cuenta a los expresidentes del “periodo neoliberal”.
El presidente de la República ha hecho manifiesta su intención de que la democracia participativa se incremente durante su gobierno, y por eso ha argumentado que, aunque está en contra de juzgar a los expresidentes, que sea la gente quien decida si debe llevarse a cabo una investigación para definir si existen elementos que pudieran llevar a juicio a los expresidentes de la República de los últimos treinta años. Pero queda claro, que hoy, después de los resultados del 6 de junio, la intención real de AMLO y su 4T es mantener la atención de los mexicanos entretenida en temas que no la refieran a la grave crisis económica y social por la que atraviesa hoy México, a atender la gravedad de la inseguridad pública del país, de salud, de pobreza.
La consulta ciudadana del 1 de agosto no tiene nada que ver con abrir los espacios democráticos para los mexicanos; la democracia participativa no es ya una dádiva del gobierno, ella es un fenómeno político y social que tiene múltiples opciones y canales de realización, mismos que son dinamitados un día sí y otro también precisamente por el gobierno de la 4T.
