Un Sistema Penal autoritario ve como enemigos a todas las personas, y sólo tiene a la reacción penal intolerante como la única respuesta para acabar con el delito. Esta excesiva dureza es consecuencia de una política criminal surgida de la dramatización a que da lugar la violencia, por lo que decide adelantar las penas antes de que se cometan los hechos, que esas penas sean desproporcionadas, y que los derechos y garantías sean limitados para el fin de la reacción pública.
Todos los ciudadanos son considerados peligros y potenciales enemigos; es decir, en la actualidad, para algunos Estados, hay dos clases de seres humanos: las personas y las no personas, ciudadanos y enemigos. Pero ¿cómo saber quién es persona y quién enemigo?; a final de cuentas quien tiene el poder decidirá a quien etiquetar o construirle esa realidad de enemigo para aplicarle una represión sin límites. Cuando el derecho penal se basa en los enemigos para mostrar la fortaleza del Estado de libertades, lo que realmente muestra es que esas libertades no existen.
En este tipo de políticas criminales no existe regla clara y objetiva para saber quiénes pueden ser considerados enemigos; el enemigo es simplemente un individuo peligroso sujeto a las reacciones estatales, con el pretexto de combatir la inseguridad y la criminalidad. La Criminología de la Intolerancia, es el modelo forjado por una política intensiva que se dirige principalmente a las personas marginalizadas; surge en los Estados Unidos, pues se consideró que los índices delictivos habían subido, por lo que debía disuadir las conductas desviadas con sanciones más severas e incapacitantes.
De ahí viene la “ley y el orden” (law and order), las leyes del tercer golpe (three strikes), las políticas de ventanas rotas (broken windows) y la cero tolerancia (zero tolerante). Políticas criminales que buscan que delincuentes habituales reciban la sentencia más alta que pueda imponerse; exista rigor punitivo e inflexibilidad para que la población sea disciplinada; detener a “sospechosos”, y emplear medidas preventivas y punitivas drásticas, e indirectamente, censurar y excluir aquellos que no aceptan someterse a las políticas de la autoridad.
El ejemplo más latente de esta tolerancia cero, fueron las políticas de Rudolph Giulliani como alcalde de Nueva York. Al año de haber asumido el cargo mostró números de que la “guerra” se estaba ganando, pues a los que pedían limosnas o lavaban parabrisas se les arrestaba en vez de multarlos; las detenciones se triplicaron, el número de policías aumentó en un 20%, y los delitos denunciados bajaron en un 30%. Pero también, las demandas por abusos policiales se duplicaron, el número de muertos por balas de policías aumentó en un 35%, y un 53% de los fallecidos murieron mientras estaban en custodia policial. Tres de cada cuatro neoyorquinos se declaraba más seguro, y esos eran los resultados buscados por la tolerancia cero. Gracias al discurso del miedo, se justificó investigar el comportamiento de los otros, para controlarlos y eliminarlos (Anitua).
En virtud de que este sistema autoritario del enemigo y la intolerancia, se basa en la “guerra frontal” contra la “no persona” y la “lucha” contra la inseguridad, en el Sistema de Justicia Penal Mexicano se ha recurrido a la milicia para tratar de contrarrestar el problema de criminalidad, y dar una sensación de seguridad a la sociedad. Estas políticas del combate al enemigo, sin tolerancia o consideraciones, y a través del Estado Policía y el Estado Militarizado, se fortalecieron en México a partir del año 2007.
Se realizan funciones de policía a través del Ejército, bloqueando vías y medios de comunicación, deteniendo a civiles por sospecha, e invadiendo la intimidad y privacidad de las personas con el pretexto de la inseguridad.
Lo discutible es que los artículos 21 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no permite que el Ejército se inmiscuya en funciones de seguridad pública, tan es así que ordena que el sistema de seguridad pública sea de carácter civil; es decir, sólo estará a cargo de las policías que deben tener contacto directo con la ciudadanía y su entorno, para efectos de realizar acciones adecuadas para la disminución de la violencia y atenuación de delitos, siempre respetando los derechos humanos.
En otras políticas criminales, cuando la autoridad se enfrenta a un conflicto, si bien influye el impacto mediático social del hecho, busca encontrar la causa para controlarla, conocer sus motivos para comprenderla, y finalmente investiga el caso y al autor para verificar si es posible afectar sus derechos. En los modelos autoritarios todos son enemigos a los que hay que tratar en forma vejatoria, violentando de entrada sus derechos, para después averiguar si era válida la afectación. Y en caso de que no fuera válida, seguir intimidando para evitar denuncias y responsabilidades posteriores. Ya veremos cómo camina este año 2022 en ese sentido; esperemos camine a la protección del ser humano y no retroceda a su humillación.
