- Recuerdan que los niños son titulares de derechos y el Estado debe velar por ellos
- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León definirá responsabilidad de ambos servidores
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) manifestó su preocupación ante el hecho sucedido el fin de semana pasado, en el que una servidora pública, titular de la Oficina “AMAR a Nuevo León” y esposa del gobernador de ese estado, extrajo del centro del DIF Capullos a un niño de 5 meses de edad, con discapacidad, bajo el argumento de un permiso de convivencia de fin de semana.
En un breve comunicado, la directora ejecutiva de Redim, Tania Ramírez Hernández, expresó que sin importar que detrás de estos hechos pudiera haber una aparente motivación humanitaria, recordó que los niños y adolescentes son titulares de derechos y que es obligación del Estado, y de sus representantes, velar por estos derechos en primer término.
“Un niño o niña en un centro de atención del DIF es per se víctima de violaciones previas a sus derechos, de ahí que el Estado deba interceder por su protección. Las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, expedidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señalan ya la prioridad de atención a los derechos que señala la Convención de los Derechos del Niño en los casos de niños y niñas que no tengan los cuidados familiares en primera instancia. La adopción es un mecanismo válido y valioso para estos niños y niñas, de ahí que deba existir todo el cuidado en sus lineamientos para no ser trivializado o descuidado”, expone el documento.
A Redim le preocupa también la exposición excesiva e innecesaria de este niño, si en efecto hay un interés legítimo por su vida y por su futuro, las diversas fotografías de su persona expuestas en redes sociales, sin el tratamiento adecuado para la protección de su identidad y en algunos casos incluso usando colores identificados con la campaña del partido político que llevó a su cargo al actual gobernador y a su esposa, son muestra de ello.
“Se debe recordar que la ley general de derechos de niñas y niños prohíbe en sus artículos 68 y 80 la difusión de imágenes de niñez y se llama la atención en especial cuando son víctimas. Este bebé está bajo responsabilidad jurídica del DIF local y precisamente por ello no puede ser expuesto de ninguna forma, pues se le revictimiza”, subraya.
Ramírez Hernández consideró muy importante conocer cuál es la valoración que se haga desde las instancias pertinentes sobre la protección de este niño a vivir en familia, a no ser revictimizado ni usado un fin de semana para generar beneficios en términos de popularidad y en redes sociales monetizadas. La revisión de los protocolos de adopciones y visitas será crucial para verificar que no se incumplió con la norma. También la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León deberá determinar la responsabilidad de la señora Rodríguez y del mismo gobernador, en tanto por tratarse de personas que son funcionarias públicas y ante la posible afectación a los derechos de este niño.
La activista hizo un llamado también a los medios de comunicación y a las redes sociales a recordar lo señalado en los Principios y guías para el reportaje ético sobre personas menores de 18 años, de Unicef, que señalan que “la dignidad y los derechos del niño deben ser respetados bajo cualquier circunstancia. En entrevistas y reportajes sobre la infancia se debe poner especial atención al derecho del niño a su vida privada (…) a ser protegido de todo perjuicio y represalias, real o potencial. El interés superior del niño debe prevalecer sobre cualquier otro factor, incluido el cabildeo en temas de infancia y la promoción de sus derechos”.
