El Instituto Nacional Electoral es la autoridad administrativa encargada de la organización de las elecciones, en ese sentido, en diciembre de 2019 se publicó la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato, figuras que en el plano nacional son de nueva creación, y sin duda, para poder llevarse a cabo de manera efectiva, implican un nuevo esfuerzo económico y laboral para dicho instituto.
Ahora bien, son de conocimiento público las críticas constantes en contra del Instituto Nacional Electoral; primero, del titular del Poder Ejecutivo federal; y segundo, de los legisladores de la tan mencionada coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por el partido político Morena, PT y PVEM. Son tan evidentes tales detracciones, que el 5 de octubre pasado en su visita a la Cámara de Diputados, el consejero presidente del INE fue altamente criticado y hasta le rechazaron una estrechada de mano.
Si bien esto no llegaba a más que constantes ataques entre los integrantes del referido órgano administrativo electoral y de los partidos antes mencionados, tales diferencias se reflejaron en el importante recorte presupuestal que sufrió de nueva cuenta el INE, y que derivado de ello, se planteó la suspensión temporal de la consulta para la revocación de mandato presidencial, esto, ya que tanto Lorenzo Córdova como un grupo de consejeros electorales alegaron que era imposible realizar el proceso citado con menos de la mitad del presupuesto requerido para hacerlo de la manera en que la ley de la materia lo demanda.
Derivado de lo anterior, y ante una lucha jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron que no era viable posponer el proceso de revocación de mandato en la etapa en que se encontraba, ordenando al INE llevar a cabo la consulta, ajustando el presupuesto antes asignado, y de ser necesario, solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda, pues la presunta insuficiencia presupuestal no es una situación de fuerza mayor que justifique suspender el proceso; además de que, de no llevarse a cabo, se estarían violentando los derechos político-electorales de la ciudadanía al incumplir su deber de hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la vida política del país.
Posteriormente, el consejero presidente del INE a través de sus redes sociales denunció la gravedad de la persecución política y penal en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, iniciada por denuncias supuestamente presentadas por el presidente de la Cámara de Diputados; también señaló como peligroso que en un sistema democrático como nuestro país se sigan dando este tipo de actuaciones, que violentan el derecho a disentir de los servidores públicos.
Si bien ante las presiones de diversos sectores del ámbito público y privado, hasta del presidente de la República, los legisladores de Morena dieron a conocer que desistirían en su intento de llevar a los consejeros del INE ante la justicia, lo cierto es que las denuncias penales contra servidores públicos se persiguen de oficio y hasta el día de hoy, la Fiscalía General de la República continúa trabajando en ellas.
Ahora bien, es importante decir que tanto el INE como la SHCP se encuentran obligadas a promover y respetar los derechos humanos, así como a su garantía, por lo que al ser los derechos político electorales derechos humanos, implica que en el ámbito de sus atribuciones estas autoridades deben de proveer lo necesario para garantizar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos políticos, en este caso, el de participar en el mecanismo de democracia directa de revocación de mandato.
¿Qué sucederá? Lo cierto es que al INE, de acuerdo a lo presupuestado, le alcanza para la instalación de tan sólo la tercera parte de las casillas necesarias para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato. En tal sentido, y de acuerdo con la sentencia SUP-JE-282/2021, la SHCP se encuentra obligada a proveer lo necesario para ajustar el presupuesto y no poner en riesgo el derecho político de la ciudadanía a participar en este mecanismo.
Además, debemos vigilar los actos autoritarios e intimidatorios, se debe respetar a las autonomías de las autoridades electorales, esto ante la disposición de algunos de utilizar la vía penal como presión política y mediática. Lo cierto es que el INE no cuenta actualmente con el presupuesto necesario para garantizar el proceso democrático de revocación, hay que recordar el principio general de que “nadie está obligado a lo imposible”.
Dicho esto, existen mecanismos legales, como la Sala Superior y Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que ya fueron utilizados y resueltos bajo un ambiente de legalidad. Esperemos que este año se reestablezca el respeto por las instituciones, que sin duda abonaría en un momento oportuno, al fortalecimiento de nuestra democracia.
Lo que sí tenemos seguro es que el INE tendrá la obligación de llevar a cabo el proceso de revocación de mandato, ajustarse al recorte presupuestario y seguir insistiendo en busca de esa suficiencia que le permita concluir la consulta; ¿hasta dónde le alcanzará al INE?
