El presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser sancionado por las violaciones a la ley que cometió en su intento por cobrarle a Carlos Loret de Mola el haber difundido un reportaje sobre el posible conflicto de interés provocado por el estilo de vida de José Ramón López Beltrán, el hijo que rechaza seguir el mandato de austeridad impuesto por su padre. Ese es el punto central del asunto que, para bien de la salud de nuestro modelo democrático, se debería atender con urgencia.
Al exhibir los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola e instruir al SAT a que lo investigue, López Obrador demostró que no le importa que todos los servidores públicos están obligados a cumplir de forma irrestricta los principios y deberes que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; que le tiene sin cuidado el derecho a la privacidad o abusar del poder con tal de proteger a los suyos.
El abuso del poder y la falta de respeto a los derechos humanos debería ser el eje que guíe la discusión y solicitud de rendición de cuentas del presidente.
No se trata de pedir a la Oposición que se organice para golpear a López Obrador; tampoco es la oportunidad para mostrar una falsa solidaridad con un periodista; mucho menos de redimir personajes sin imaginación para otorgarles apoyo alguno en su personalísima lucha contra la Cuarta Transformación; cualquiera de esas variantes aleja del punto central y que trae mayores riesgos a nuestra democracia, el comportamiento autoritario del presidente.
Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, ya negó que tenga relación con Baker Hughes, la empresa que tuvo contratos con Pemex; el hijo del presidente ya aclaró que sus ingresos provienen de trabajar como asesor legal de desarrollo y construcción para KEI Partners: ambos personajes demandan que respeten su vida privada y a su familia.
Si la Oposición insiste en utilizar al hijo y la nuera de López Obrador para señalar que al presidente le falta de congruencia entre la austeridad que predica y las conductas de sus familiares, se minimiza el comportamiento del presidente, el intercambio de ataques politiqueros dejará a un lado que López Obrador violó los derechos de Carlos Loret de Mola.
Carlos Loret de Mola ya también se dijo amenazado, declaró responsable al presidente de lo que le suceda a su familia y a él al exponer sus supuestos ingresos a la delincuencia. Cada quien se debe hacer responsable de las muestras de solidaridad personales con el periodista, quien quiera puede asumir la defensa y tuitear que TodosSomosLoret; pero, sin contexto, convertir este encono personalísimo de López Obrador en un ataque del presidente a la libertad de expresión o a la seguridad para el desarrollo del trabajo periodístico, dará como resultado, de nueva cuenta, que fincar responsabilidades a quien violó la ley se vuelva un asunto secundario.
La protección de datos personales pertenece a la tercera generación de derechos humanos, es una construcción más reciente para nuestro pensamiento y formas de relacionarnos como sociedad, por eso los defensores de López Obrador no han dejado de minimizar el que violara ese derecho y desde el púlpito presidencial; a este abuso de poder se le justifica con el rencor de clase, envidia o burlándose porque “quien se lleva se aguanta”.
Normalizar la violencia del discurso polarizador del presidente, dejando de ver la relevancia del emisor de un discurso irresponsable, poco empático con el ejercicio de la libertad de expresión e ignorante de lo que hacer periodismo implica.
Coda. Reitero, el abuso del poder y la falta de respeto a los derechos humanos debería ser el eje que guíe la discusión y solicitud de rendición de cuentas por la conducta del presidente en la defensa de los suyos.
@aldan
