El precio de la gasolina ha subido en todo el mundo. Los precios se ajustan de acuerdo con las variaciones del mercado. En México, el presidente López Obrador, para mantener el precio, decidió elevar los subsidios y cobrar menos impuestos.
Esta medida beneficia al 20% de la población con los mayores ingresos y en los hechos perjudica al otro 80 % al no canalizarse esos recursos a programas del gobierno que les favorezca directamente a ellos.
El 15 de marzo, el costo promedio en el país de la gasolina regular era de 21.27 pesos por litro. Al día de hoy, el costo en el mercado internacional es de 30.63 pesos por litro.
Ahora el gobierno está “descontando” 9.36 pesos de su recaudación habitual en cada litro de este combustible. Es decir que por cada litro de gasolina que ponemos en el tanque, los que tenemos carro propio, recibimos 9.36 pesos de subsidio.
Esto por la disminución del 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que equivale a 5.49 pesos, y el “estímulo complementario”, que es de 3.87 pesos. La medida aplica para la gasolina premium, regular y diésel.
El gobierno afirma que este subsidio se compensa con los excedentes petroleros. Suponiendo que esto sea real. No elimina el hecho de que se trata de una medida que favorece al 20 % y no al otro 80 %.
El beneficio se concentra en el débil IX y X, que son los de mayores ingresos. Esto, por la vía de los hechos, se traduce en una medida regresiva que incrementa la desigualdad de ingresos en el país. Esta es la realidad más allá de los discursos.
Se calcula que la medida implica se recauden 554 mil 193 millones de pesos menos. Representa el 2 % del PIB. Lo que abre un boquete en las finanzas públicas, que se estima en 300,000 millones de pesos al terminar 2022.
Según el gobierno, esta decisión busca “proteger el poder adquisitivo de los hogares mexicanos” ante el incremento de los combustibles causado por “tensiones geopolíticas y comerciales” así como la incertidumbre del precio del crudo.
Diversos analistas económicos y políticos señalan que la muy costosa medida ocurre en el contexto del proceso de revocación de mandato, que se celebra el 10 de abril y las elecciones en seis estados, el próximo de julio.
El control del pecio de la gasolina obedece a razones político – electoral. El presidente y su partido no se van a arriesgar de que se les acuse de ser los responsables de un “gasolinazo”. Usarán las finanzas públicas, para impedirlo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto aguantan las finanzas públicas?
De acuerdo con la organización México Evalúa, la medida “beneficia a quien definitivamente más tiene. Quizás lo que hay que hacer, más bien, es no gastar en estos subsidios que le tocan más a quien más tiene y utilizar estos recursos para apoyar a las personas que más lo necesitan”. No es el caso. (Con información de León Ramírez, Animal Político, 16.03.22).
Twitter: @RubenAguilar
