- Los perpetradores fueron agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado
- La ONU-DH México publicó el informe Hasta perder el sentido, donde se documentan 40 casos de tortura en Aguascalientes entre 2010 y 2014
- En ese entonces, Felipe Muñoz Vázquez era el titular de la policía ministerial en Aguascalientes
Bajo un esquema de complicidad y sistematicidad de la impunidad, no cabe duda de que Aguascalientes nunca estuvo exento de violaciones contra los derechos humanos; tanto así que ahora la ONU-DH México hizo un llamado a las autoridades locales a investigar 40 casos de tortura perpetrados durante el gobierno del priista Carlos Lozano de la Torre, entre 2010 y 2014, cuando Felipe Muñoz Vázquez era el entonces titular de la Procuraduría de Justicia del Estado. Los autores de estas vejaciones fueron agentes de esa corporación.
Los 40 casos de tortura cometidos en Aguascalientes en los que se consignaron 33 víctimas hombres y siete mujeres, están documentados en el informe Hasta perder el sentido: informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014, elaborado por la oficina de la ONU-DH en México, con lo cual quedan evidenciadas las prácticas de tortura que agentes policíacos cometieron contra ciudadanos.
En la presentación de este documento, Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, aseguró que “en México y Aguascalientes persiste una deuda de acceso a la verdad y la justicia con las personas sobrevivientes de tortura”, a quienes se les dedicó dicho informe, en el que se les agradece la valentía de relatar su testimonio para configurar las distintas torturas, hasta sexuales, que agentes de la Procuraduría de Felipe Muñoz cometieron contra hombres y mujeres, violaciones en las que el exservidor público también estuvo implicado, según se concluyó en una recomendación.
El informe va más allá de solamente consignar las vejaciones y torturas perpetradas a ciudadanas y ciudadanos, sino que en él también se asegura que cada una de esas 40 torturas siguen sin ser atendidas debidamente y permanecen en la impunidad.
“Las afectaciones perduran. Los responsables no han rendido cuentas ante las justicia y las víctimas aún no reciben una reparación integral y proporcional a su sufrimiento. El tiempo transcurrido no resta ninguna relevancia a los casos, por el contrario, los hace más aún más preocupantes y requieren de la atención inmediata de las autoridades de Aguascalientes”, dijo el representante de la ONU.
Y agregó que esta “atención inmediata” debe tomarse realmente en cuenta, considerando que “al día de hoy, todos los casos de tortura permanecen en la impunidad, es decir, ninguno de los perpetradores ha sido llamado a rendir cuentas”, e incluso “la mayoría” de las víctimas siguen privadas de su libertad en la cárcel.
En su discurso, Fernández-Maldonado recordó que las torturas se pueden y se deben prevenir y al no hacerlo, las “autoridades incurren en responsabilidad y deben rendir cuentas”, por lo que se hace el llamado al gobierno actual para que actúe y retome la documentación realizada por la ONU-DH para dar paso a la justicia de las víctimas.
Felipe Muñoz Vázquez, el procurador de la tortura
Los casos de tortura en Aguascalientes cometidos durante el periodo de Lozano de la Torre no son casos aislados, coinciden con el tiempo en el que Muñoz Vázquez fue procurador general de Justicia, personaje del que, a través de una carta el expresidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, Jorge López Martín, solicitó al gobierno su destitución.
Aunque la destitución nunca llegó, por el contrario Muñoz Vázquez fue subiendo escaños y, en el 2016 fue nombrado por Raúl Cervantes como subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, cargo que ostentaría incluso en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador junto al actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y del que sería removido luego de que presuntamente se le vinculara a casos de corrupción y de desvíos millonarios de dinero. Incluso, ese mismo año, pero antes, había ostentado el puesto de procurador en Colima, al que renunció por no poder reducir los índices de violencia.
Además, antes de ser promovido a la SEIDF, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya había emitido la recomendación 17VG/2019 al gobierno de Aguascalientes, donde se acreditaban violaciones a derechos humanos que había perpetrado Muñoz Vázquez –justo para los años que consignó la ONU-DH–, recomendación que a través de un amparo emitido por un juez federal se logró que no fuera difundida y con el cual también logró evitar investigaciones en su contra. Ese amparo lo había encubierto… hasta ahora.
