Desde 2018, la ONG internacional World Justice Project (WJP) publica en México el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX), el cual mide el grado de adhesión al “Estado de Derecho” de las 32 entidades federativas en el país. Este Índice retoma el marco conceptual y metodológico que se aplica a nivel global, con las adaptaciones pertinentes para México y las facultades y competencias de los tres poderes, tres niveles y demás órdenes autónomos de gobierno.
Recordemos brevemente al respecto que de acuerdo con la metodología de dicho índice, se consideran como manifestaciones de un estado de derecho a cuatro principios denominados por dicho índice “universales”, a saber: rendición de cuentas, leyes justas, proceso (entendamos juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio) justo y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. Se supone también, recordemos, que el llamado estado de derecho, además de constituir uno de los pilares sobre el cual las sociedades pueden alcanzar una democracia efectiva es: “una condición esencial de las sociedades democráticas, junto con los derechos y libertades inherentes a la persona y sus garantías” (CIDH).
La actual edición del IEDMX (2021-2022), la cuarta, presenta nuevos datos e indicadores organizados en los ocho factores que lo integran: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Se podrá decir, como de tantas otras cosas que no nos gustan, que es culpa de la pandemia si se quiere, pero lo cierto es que los resultados publicados muestran un claro deterioro en materia de Estado de Derecho en la mayoría de las entidades federativas del país. Por ejemplo, este año, fueron más las entidades con retrocesos que las que reflejan avances. Dicho deterioro es consistente con las tendencias recogidas en ediciones anteriores y se explica por tres factores: debilidad creciente de contrapesos a los gobiernos locales, contracción del espacio público “cívico”, deterioro (más si cabe) de la justicia penal y la falta de avances en anticorrupción.
Tenemos entonces que, en una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al estado de derecho, los estados que mostraron los puntajes más altos fueron Querétaro (0.49) y Yucatán (0.47). Curiosamente también el vecino Guanajuato (0.46), a pesar del estado de cosas criminales que es de dominio público. Las entidades con menores puntajes son Quintana Roo (0.36) (donde coincidentemente el PRI acaba de perder su registro en la reciente elección), Morelos (0.35) en crisis social y de gobierno permanente, al igual que Guerrero (0.34). Pero de manera general, los resultados apuntan a un claro estancamiento, donde 14 entidades se mantienen en una inercia que tiende al retroceso.
Y si contrastamos estos resultados con otros como la Encuesta Nacional de Seguridad Pública urbana, del INEGI, donde por ejemplo, hay entidades como Zacatecas en las que más del 95% de la población encuestada se siente insegura cuando sale a la calle, Fresnillo (96.8%), pero también ciudades como Ciudad Obregón (95%) o Naucalpan (92.7%), el panorama no es precisamente alentador, pues no hay estado de derecho que no pase por los temas de policía, seguridad y justicia.
Bien recuerda el informe que en 21-22 hubo cambios en las gubernaturas de 21 entidades federativas, que son la mayoría del país, así que hace votos para que los hallazgos informen los procesos de planeación, diagnóstico, estrategia e instrumentos que hagan fuerte al Estado de Derecho en México y para evaluar en el tiempo el avance o retroceso de las diferentes autoridades. Tal parece entonces que cualquier acción pública para fortalecer el Estado de Derecho debería partir de un mejor y más amplio entendimiento sobre el estado de la cuestión tanto como de una urgente colaboración entre instituciones públicas y privadas, sociedad y ciudadanía.
@efpasillas
