- Luego de mesas de trabajo con víctimas de represión policial deciden no firmar acuerdo
- Llamaron a la gobernadora del Estado de Quintana Roo a dar continuidad a mesas de trabajo
En rueda de prensa virtual, Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Comité de Víctimas 9N expresaron su profunda preocupación, desconcierto y rechazo, ante la decisión del gobierno de Quintana Roo, manifestada por el subsecretario de Derechos Humanos, Elías Antonio Prado Laguardia, de no firmar el acuerdo de reparación integral del daño para las personas que fueron víctimas de represión policial, entre éstas mujeres de la sociedad civil y periodistas, el 9 de noviembre de 2020 en Cancún. También hicieron un enérgico llamado a que el gobierno estatal cumpla con sus obligaciones y con los acuerdos concretados en las mesas mensuales de trabajo conjunto, pactadas desde el 8 de abril de 2022.
El 9 de noviembre de 2020, colectivas de mujeres que se manifestaron en la explanada de la Presidencia Municipal de Cancún, para protestar contra la violencia de género, fueron reprimidas por policías. Una de las manifestantes, Wendy Galarza, recibió dos impactos de bala; varias mujeres detenidas fueron víctimas de tortura y otras sufrieron violencia sexual por parte de los agentes policiacos. Los detalles de la acción policiaca quedaron registrados en el informe de Amnistía Internacional: México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan.
Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, expuso que la reparación integral del daño comprende cinco medidas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición
Wendy Galarza, activista feminista integrante del Comité de Víctimas de Cancún, destacó que, de acuerdo con la agenda de trabajo, la propuesta del acuerdo de reparación integral del daño se enviaría el lunes 8 de agosto de 2022 a las autoridades que participarían en este proceso en representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, como la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo y su Dirección de Asuntos Jurídicos; así como a la Fiscalía General del Estado.
Destacaron que el subsecretario de Derechos Humanos manifestó la decisión del gobierno de Quintana Roo de no firmar el acuerdo durante la mesa de trabajo que se realizó de manera virtual el 11 de julio de 2022, bajo el argumento de que ya se había efectuado una reparación del daño. Las activistas y representantes de las víctimas precisaron que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Estatal dio por cumplida la Recomendación CDHEQROO/20/2020/II que emitió sobre el caso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
Sin embargo, el Comité de Víctimas 9N y la CMDPDH (que litiga el caso) promovieron un recurso de amparo, así como un recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional de Derechos los Humanos (CNDH), porque dicha recomendación no cumple con los estándares establecidos en materia de reparación integral del daño por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
“El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, establecen la obligación de las autoridades de incorporar activamente a las víctimas en todas y cada una de las decisiones y acciones relativas a la reparación integral del daño”, destacaron. En este sentido, se establece que las víctimas serán tratadas con respeto a su dignidad y a su derecho a acceder a los mecanismos de justicia, verdad y reparación integral del daño, a efecto de lograr que las medidas sean genuinamente reparadoras y transformadoras.
En la conferencia de prensa se dirigieron a la recién electa gobernadora del Estado de Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa -presidenta municipal del municipio de Benito Juárez (Cancún) de 2018 a 2022- a dar continuidad a las mesas de trabajo conjunto con el Comité de Víctimas 9N, Amnistía Internacional y la CMDPDH, así como a la concreción efectiva de los acuerdos derivados, a fin de garantizar el acceso de las personas titulares de derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño.
