El pasado viernes 26 de agosto estuve invitado a dar una conferencia en la Cámara de Diputados, en el marco del Parlamento Ciudadano, para discutir una posible reforma electoral, lo hice en el Foro 6: El futuro y fortalecimiento de la democracia en México. Les comparto mi intervención.
Las leyes siempre son perfectibles y el Poder Legislativo, en representación de la sociedad, debe estar abierto a modificarlas, para que respondan cada vez mejor a los intereses del conjunto social.
En una sociedad democrática nadie puede estar en desacuerdo con este principio básico. Tampoco que cualquier reforma de la Constitución, expresión del consenso ciudadanos, exige del diálogo entre la ciudadanía y las fuerzas políticas.
Y en la medida que la Constitución es la norma que nos rige como Nación, por encima de las diferencias particulares, los cambios idealmente deberían ser por consenso o por la mayoría calificada como lo señala la misma Carta Magna.
En el Parlamento del México de hoy, polarizado como también está la sociedad, no hay condiciones objetivas, para llegar a acuerdos profundos, para poner al día la Constitución en materia electoral.
Necesidad hay, pero las condiciones no están dadas para que eso ocurra. No son los tiempos. Previamente es necesario construir bases que lo hagan posible. El voluntarismo niega la realidad y no construye.
A esto hay que añadir que no se puede legislar, no se debe legislar, para un periodo electoral que en los hechos ya inició. Ahora hay candidatos en plena campaña recorriendo el país. En las ciudades hay espectaculares con sus rostros. A la mitad del camino no se pueden modificar las reglas del juego.
No se puede, no se debe, poner en riesgo lo que ya se tiene de cara a las elecciones del 2024 que están a la vuelta de la esquina. No se legisla para el hoy, sino en el horizonte del futuro. No para uno mismo sino para los que habrán de venir.
Hasta ahora el sistema electoral, construido con sucesivas reformas electorales, ha funcionado muy bien y sin ningún problema grave. La prueba más evidente es la alternancia política permanente en la presidencia y las gubernaturas en los últimos 20 años.
El INE y las OPL han organizado elecciones transparentes con resultados incuestionables. Las voces que descalifican estos procesos, en los cuales ellos mismos han salido ganadores, persiguen objetivos políticos oscuros.
A nivel internacional se reconoce la capacidad técnica del INE y con frecuencia se le contrata, para asesorar la construcción de órganos y procesos electorales en otros países. Sucedía ya desde tiempos del IFE autónomo.
En el México de hoy hay políticos que no aceptan la autonomía de las instituciones electorales. Quisieran que continuaran sujetas al Poder Ejecutivo. Plantean en su discurso el regreso al pasado. Niegan la democracia que tanto ha costado.
Su idea de una Reforma Electoral no es para ampliar las atribuciones y dar mayor autonomía a las instancias electorales sino con el ánimo de reducir su espacio de libertad y controlarlas desde instancias del Ejecutivo. El pasado autoritario se ve como virtud y no defecto.
Por obvias razones, que algunos pretenden desconocer, todas las reformas electorales que ha habido en México en los últimos 25 años se han probado antes en las elecciones intermedias. Eso es lo correcto técnica y políticamente.
Así ocurrió con la Reforma Electoral de 1996, que se puso a prueba en 1997; en la de 2007, que se puso a prueba en 2009; en la de 2014, que se puso a prueba en 2015. Hay quienes quisieran que esto no fuera así. La historia demuestra que no tienen la razón.
En una democracia la Reforma Electoral no debe venir de quien detenta el poder, de la presidencia de la República, sino de las oposiciones que plantean cómo la ley se puede mejorar, para abrir los espacios de participación y acotar a quien detenta el poder. Eso es lo que ocurre en otras latitudes.
Estoy cierto que en el México de hoy no hay condiciones, para una Reforma Electoral. Quienes proponen iniciativas encaminadas a desaparecer o debilitar a las instituciones electorales, probadas por cientos de procesos exitosos realizados con una alta competencia profesional, no abonan al fortalecimiento de la democracia. Atentan contra ella.
El manejo de la Hacienda Pública, de las Fuerzas Armadas, de los órganos electorales y también de todas las dependencias responsables de la Política Pública deben estar a cargo de profesionales altamente calificados y reconocidos. Son tareas técnicas. No ha lugar a la improvisación.
Debe siempre consultarse a todos los sectores de la sociedad. Tienen mucho que aportar. Su visión es fundamental. Para eso hay que crear y poner en operación mecanismos eficaces, para escuchar sus puntos de vista, pero la gestión de las Políticas Públicas es responsabilidad de los profesionales de tiempo completo.
La Reforma Electoral se necesita, pero antes deben crearse las condiciones objetivas para que se dé. Tiene que ser después del proceso presidencial del 2024 y ponerse a prueba en las elecciones intermedias de 2026.
Una nueva Ley Electoral, que conduzca los procesos electorales, debe ser, no hay otra posibilidad, producto del consenso o de una mayoría claramente calificada. Tiene que ser resultado de un diálogo abierto, intenso y responsable.
El tiempo de la Reforma Electoral debería ser el 2025 ya con los integrantes del nuevo Poder Legislativo Federal. Y tendría que ser el resultado de una consulta y una discusión muy amplia y profunda con la sociedad. No solo entre los representantes de los partidos.
Twitter: @RubenAguilar
