- Violencia obstétrica y muertes maternas en México guardan una estrecha relación
- En Aguascalientes no se ha emitido ninguna sentencia por violencia obstétrica en 5 años
En el informe presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) e Impunidad Cero denominado “Justicia Olvidada. Violencia e impunidad en la salud reproductiva”, hace evidente que la la muerte materna aumentó 37.9% de 2019 a 2020 en total impunidad; el documento analiza la situación de la violencia obstétrica en México, cuál es la respuesta que han dado algunas instituciones a las quejas y denuncias por esta situación, y cómo poder combatirla desde una perspectiva no punitivista.
El documento informa que la violencia obstétrica y las muertes maternas en México guardan una estrecha relación con las deficiencias estructurales que aquejan al Sistema Nacional de Salud y que constituyen un obstáculo para la atención médica integral de las mujeres y personas con capacidad de gestar durante el embarazo, parto y puerperio.
En instrumento presentado en mayo de este año, destaca que la violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres y otras personas con capacidad de gestar que constituye una violación de derechos humanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) 2016 de 8.7 millones de mujeres que tuvieron al menos un parto entre 2011 y 2016 en México, 3 de cada 10 refirieron haber sufrido maltrato por parte de quienes las atendieron.
Se subraya que para la elaboración del informe se enviaron alrededor de 510 solicitudes de información sobre las quejas o casos registrados de violencia obstétrica y muerte materna desde enero de 2015 a diciembre de 2020. Los resultados fueron los siguientes:
En México la Razón de Muerte Materna (RMM) durante 2020 fue de 6 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados. Esta cifra aumentó 37.9% respecto al año anterior, posiblemente como consecuencia de la pandemia. Además, en los últimos 5 años, 3 de cada 10 mujeres que tuvieron al menos algún parto sufrieron algún maltrato por parte de quienes las atendieron.
Las recomendaciones que se establecen en el informe señalan que para mitigar la impunidad estructural en casos de violencia obstétrica y muerte materna no se debe recurrir a medidas punitivas, y resaltan la necesidad de establecer medidas preventivas y de reparación a las víctimas.
En el periodo considerado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó 710 quejas y 47 recomendaciones por casos de violencia obstétrica. De las recomendaciones emitidas únicamente 3% se encuentran cumplidas totalmente.
Las comisiones locales de derechos humanos reportaron 712 quejas y han emitido solo 195 recomendaciones para estos casos. De éstas solo el 26.7% se han cumplido en su totalidad.
El tiempo promedio desde el registro de la queja en las comisiones locales, hasta la emisión de una recomendación es sumamente largo. Para los casos de violencia obstétrica es de 606 días, mientras que para los casos de muerte materna de 728 días.
De enero de 2015 a diciembre de 2021 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reportó un total de 18 reparaciones en favor de las víctimas por violaciones a derechos sexuales y reproductivos.
A pesar de existir denuncias por violencia obstétrica, en los estados en los que esta conducta se encuentra tipificada como delito (Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz), no se ha emitido ninguna sentencia en los últimos cinco años.
Entre enero de 2010 y enero de 2022, GIRE registró 50 casos de violencia obstétrica y muerte materna, documentó 23 y dio acompañamiento a 87 más. Las manifestaciones de la violencia obstétrica pueden ser tanto físicas como psicológicas. Las primeras incluyen prácticas que resultan invasivas, como las cesáreas —cuando se practican sin justificación—, la esterilización no consentida o forzada, el suministro injustificado de medicamentos, el retraso en la atención médica de urgencia o la falta de respeto a los tiempos de un parto. Entre las segundas se encuentran actos discriminatorios, uso de lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico, falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y trato deshumanizado.
