Son ya más de tres décadas del nacimiento de la justicia electoral en México, como resultado nuestro país goza ya de una democracia plena. Esta historia ha recorrido un largo camino para irse poco a poco fortaleciendo.
No obstante, la justicia electoral ha sido también una problemática que ha ocupado buena parte de las discusiones políticas en nuestro país, un tema que divide y provoca los más ríspidos debates entre los mexicanos, actualmente existen propuestas de hacer cambios radicales y estructurales a nuestro sistema democrático.
Por ello, es importante precisar que la materia electoral en nuestro país, es una rama del derecho público tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo su propósito la protección a los derechos político-electorales reconocidos, y que las múltiples reformas por las que ha transitado nuestro sistema democrático y electoral, han ido consolidado un andamiaje firme, seguro y eficaz para que la ciudadanía acceda al poder y se respeten sus derechos políticos.
Pero…¿Cuál es la relevancia de la materia electoral? Su gran importancia radica en su objeto; garantizar la constitucionalidad de los actos y resoluciones que emiten las autoridades competentes, durante la organización y la calificación de las elecciones locales y federales, lo que permite el acceso al poder y la gobernabilidad.
Por otra parte, es importante precisar que, el trabajo de las autoridades electorales no concluye con el día de la elección, por el contrario, continúa y aumenta, puesto que muchos de los asuntos en litigio -entre ellas denuncias penales y nulidades de la elección- se encuentran en su mayoría abiertas, continuando el proceso de recabación de elementos probatorios para continuar con el proceso penal-electoral y/o administrativo-electoral, según sea el caso.
En ese entendimiento, las autoridades competentes resuelven bajo una importante presión política y jurídica, propia de los procesos electorales, pues el ambiente que engloba la renovación periódica de cargos públicos de nuestro país es fuerte y es lo que hace de México una república democrática y representativa; por ello, las y los funcionarios que conforman estas autoridades están bajo una constante capacitación -previa, durante y posterior a los procesos electorales- que les permite hacer frente a estos retos, tomando en consideración que es el derecho electoral el que más rápido evoluciona.
Es por ello que las Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales, los Tribunales Electorales locales y los Institutos Estatales Electorales, son autoridades fundamentales que aportan en gran medida la construcción de la democracia mexicana, teniendo como responsabilidad prevenir, investigar y resolver controversias que lesionan, impiden o ponen en riesgo el desarrollo de elecciones verdaderamente democráticas, tales como la coacción del voto por parte de funcionarios públicos y particulares, el condicionamiento de programas sociales, la utilización de fondos ilegales para el financiamiento de las campañas, la compra de votos, robo o destrucción de material electoral, entre otras.
Considero importante mencionar que, durante los años 2023-2024 se llevará a cabo el Proceso Electoral más grande para el Estado de Aguascalientes, en donde se renovarán senadurías, diputaciones locales y federales, ayuntamientos, y, por supuesto, la Presidencia de la República, por consecuencia, la carga de trabajo se adhiere e incrementa con el inicio de ese gran reto, pero sin duda todas y todos estamos listos para afrontarlo.
De tal suerte que esperamos que no se desestabilice la estructura de nuestro sistema electoral, que tantos años y esfuerzos ha costado y tan buenos resultados ha entregado. A más de treinta años de justicia electoral, sigamos aportando a la consolidación de instituciones fuertes, sólidas, cabales, modernas y especializadas que pueden guiar el destino electoral de las futuras generaciones.
@sdanielgtz
