Qué fácil es para una rosa morir: no se oye ningún lamento.
Que duro fue para ti sobrevivir, después de otro aplastamiento…
Belart – Nacho Vegas
El estatus que guarda la política nacional padece fenómenos que deberían encender las alertas para preservar nuestra ciudadanía democrática, republicana, y civil. Estos fenómenos van desde el amplio control que gana el crimen organizado sobre vastos palmos del territorio nacional; el amplio control que gana el ejército sobre buena parte de la política civil; el fenómeno de radicalización en torno al ejecutivo; y las prácticas partidistas del grupo en el poder, que buscan retroceder al tiempo del Sistema de Partido Hegemónico.
Mientras muy amplias zonas del país padecen la crisis, la muerte, y la violencia que deja la falta de un estado de derecho ante el crimen organizado, la alta cúpula del ejecutivo parece desgranarse con la salida de personajes que han mantenido visiones conciliadoras, autocríticas, o moderadas, dejando en el poder a una casta de radicales y aduladores del régimen.
La cúpula del ejecutivo ha sufrido varias salidas importantes, que rompen la alianza amplia entre sectores, que llevó a Andrés Manuel López Obrador a ganar la presidencia en 2018. Primero, Germán Martínez, dejó el proyecto de la tetramorfosis, al denunciar que la austeridad republicana era un “austericidio” que atentaba contra la propia administración. Su salida le valió recibir críticas presidenciales.
Después, Carlos Urzúa dejó Hacienda, luego de publicar una carta de contenido crudo, con críticas al ejecutivo por la toma de decisiones de política económica sin sustento, basadas en caprichos y extravíos ideológicos. Otro más, Javier Jiménez Espriu dejó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, luego de que el presidente otorgó parte importante de esa administración civil a la marina.
Otro más. Jaime Cárdenas renunció al recién creado Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, luego de denunciar la corrupción que había en los mecanismos administrativos de operación de ese instituto, la opacidad de su manejo, y la existencia de una mafia interna que se beneficiaba ilícitamente de los bienes enajenados. El presidente lo criticó con dureza tras su salida.
Igualmente, Alfonso Romo, el puente necesario con el sector empresarial, fue relegado hasta orillarlo a abandonar el proyecto del presidente, con su salida de la Oficina de la Presidencia. Otra ruptura sensible, por la cercanía y la amistad añeja, fue la de Julio Scherer, consejero jurídico del ejecutivo, lo que implicó una evidente anulación del ala moderada de la tetramorfosis.
Recién, Tatiana Clouthier se fue, en sus propias palabras, a la porra del equipo. El presidente va quedando en la soledad de estar rodeado de aduladores y fanáticos de su proyecto. Y mientras la cúpula del ejecutivo tiene tintes sectarios, en Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, y otras entidades, hay comandos armados perpetrando masacres que bañan al país en sangre.
Por otro lado, en el antiguo régimen, la organización de los procesos electorales estaba a cargo del poder ejecutivo federal. La integración de un padrón con los nombres de las y los ciudadanos con capacidad legal para ejercer el sufragio, la instalación de los magistrados que darían validez jurídica al proceso, los mecanismos de conteo de votos, la colocación de casillas en el espacio nacional, el anuncio del resultado electoral, etcétera. Todo estaba controlado por el ejecutivo.
En este antiguo régimen vivíamos un Sistema de Partido Hegemónico, en el que una sola fuerza política detentaba el poder. No sólo eso; en ese oscuro tiempo, el partido en el poder era una extensión del gobierno; el gobierno era una extensión del partido; partido y gobierno organizaban las elecciones; y previsiblemente siempre ganaba ese mismo partido. El modelo político estaba diseñado para que la lucha por el poder no fuera en las urnas, sino en los pasillos de palacio y entre los sectores del partido.
La presión social y los movimientos civiles lograron la apertura democrática, con explosiones políticas acumuladas desde los movimientos sindicales de la década de 1950, los estudiantiles de los sesenta y setenta, los guerrilleros de los ochenta y noventa; el cisma del partido en el poder a partir de 1988, las grandes reformas electorales de finales del siglo XX, y la alternancia partidista del 2000. Las y los ciudadanos más jóvenes no lo vivieron, pero la historia está ahí.
Esta apertura democrática creó instituciones electorales independientes y autónomas del poder ejecutivo. Así, cuando el gobierno de un partido dejó de organizar los comicios, dejó también de ganar las elecciones. Estas instituciones electorales han evolucionado a lo largo del tiempo. Por supuesto que son perfectibles, y deben mejorar; pero la construcción de ciudadanía demanda proteger la autonomía y preservación de los institutos electorales, e impedir que volvamos al tiempo oscuro en el que el ejecutivo mandaba sobre las elecciones y sus procesos. Sin embargo, el contexto actual pone a la democracia en riesgo.
Paralelamente, el riesgo aumenta con el inédito empoderamiento que el ejecutivo ha dado a las fuerzas armadas, aparejado con la hoguera de las vanidades en la que compiten los secretarios de la defensa y la marina; junto con el desprestigio por presuntas violaciones a los Derechos Humanos por parte del personal castrense, y el desgaste de ponerlos a cargo de la seguridad pública. A esto se suman al peligroso escenario en el que dejamos de tener militares para tener militantes.
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