La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aprobado el proyecto del presidente de la República emitido en 2020, en el cual se permite la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, al menos hasta el 2024.
El Pleno de la SCJN avaló el acuerdo presentado el 11 de mayo de 2020, dado que sentenciaron que no se violaron las competencias del Poder Legislativo. La acción de inconstitucionalidad que llevó este asunto a la Corte fue presentada por la entonces diputada Laura Rojas, ex presidenta de la Cámara de Diputados.
Con 8 votos a favor y 3 en contra, las y los ministros aprobaron el acuerdo en una discusión que fue presentada por Margarita Ríos-Farjat. De acuerdo con las intervenciones de esta ministra, la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los grupos de oposición es procedente, sin embargo es infundada puesto que el acuerdo del presidente no viola la Constitución.
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De acuerdo con la reforma constitucional mediante la cual se dio la creación de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas permanecería ejerciendo tareas de seguridad pública hasta que se consolide este nuevo organismo policial. Según el proyecto de AMLO, la participación del Ejército y Marina se llevaría de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, dado que la situación de inseguridad en el país requería que se mantuvieran en las calles.
“No nos corresponde como tribunal pleno valorar o enjuiciar la política pública de seguridad”, aseguró Arturo Zaldívar. ministro presidente, quien votó a favor. Los argumentos de las y los votantes que avalaron el proyecto se basaron en que no es competencia de la Corte definir la política de seguridad, puesto que la presencia de efectivos militares en labores de seguridad pública se encuentra plasmada en la Constitución federal.
Por su parte Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales rechazaron la propuesta y su voto fue en contra. Su visión señala que el acuerdo del presidente no corresponde al principio de excepcionalidad establecido en la propia Carta Magna, por lo que se corre el riesgo de un acaparamiento infundado de las atribuciones de la Guardia Nacional por parte de la Sedena y Marina.
Cabe señalar que el Congreso de la Unión y la mayoría de los Congresos locales aprobaron en septiembre de 2022 una reforma constitucional que garantiza la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028, más allá del término del sexenio actual. Esta nueva reforma aumenta 4 años el tiempo previsto en el acuerdo emitido por AMLO en 2020 y avalado por la SCJN.
