El pasado lunes, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer su posición con relación a una posible reforma electoral que contemple la iniciativa que mandó el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados.
“Expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos de instituciones de la sociedad civil – y de las mismas organizaciones políticas -, por una reforma constitucional en materia electoral, iniciativa del Ejecutivo Federal, que por orientación y motivos es claramente regresiva”, afirma la CEM.
Y aseguran que la propuesta “constituye un agravio a la vida democrática, reforma destinada a afectar la representación y el equilibro de las minorías y las mayorías, llevando el control de estos comicios hacia el ámbito del Gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”.
La lectura política que hace la CEM sobre la propuesta electoral de López Obrador es acertada. Lo que pretende el presidente es precisamente lo que advierten los obispos. Y también tiene razón cuando señala que el presidente, que juró la Constitución, no puede hacer una propuesta que violenta la Carta Magna y “pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”.
Los obispos reunidos en la CEM apelan a “la prudencia legislativa y al compromiso del Gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismo histórico” y añaden que “la defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. Por ello decimos junto a millones de voces no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática”.
En el documento de la CEM, los obispos dicen que “exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuman su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones haciendo a un lado intereses ideológicos, particulares e inapropiados”.
Estudiosos de las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno, como Roberto Blancarte del Colegio de México, plantean que el documento de la CEM es algo que no se veía por lo menos en los últimos 30 años.
Y señala que de parte de los obispos “hay una toma de distancia de las estrategias del Gobierno en general, al asumir posiciones más críticas, más abiertas, y está claro que la jerarquía católica no está de acuerdo con el rumbo que la 4T está tomando”.
La CEM, añade, “no está de acuerdo en particular con este tema de los ataques al Instituto Nacional Electoral y a lo que significa todo el sistema electoral, que, como ellos mismos han escrito, se está construyendo desde hace décadas con muchos trabajos, con muchos esfuerzos y no hay que dar marcha atrás”.
Los obispos en contra de las posiciones antidemocráticas y regresivas de López Obrador salen en defensa de la Constitución, de la democracia, del sistema electoral, de los pesos y contrapesos y del INE que el presidente quiere desaparecer. Los integrantes de la CEM saben bien lo que significa que el proceso electoral quede en manos del gobierno y no de un órgano autónomo imparcial.
@RubenAguilar
