En el clímax de la crisis política que sacude al Perú, el presidente Pedro Castillo se entregó a la policía, poco tiempo después de ser destituido por el Congreso y de decretar la disolución del parlamento y la instauración de un gobierno de excepción de emergencia.
La prensa peruana documentó que Castillo fue ingresado en la Prefectura de Lima, acusado por el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Tras el anuncio del gobierno de excepción, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú se negaron a acatar las instrucciones de Castillo, pues sostuvieron en un comunicado que constituían “una infracción a la Constitución”; urgieron a la ciudadanía a “mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas”.
Ante el tercer juicio de desafuero que le abría hoy el Congreso -controlado por la oposición- por supuestos actos de corrupción, Castillo anunció la disolución del parlamento y el arranque de un gobierno de excepción, durante el cual mandaría a través de “decretos-ley” y convocaría a elecciones para un nuevo Congreso constituyente.
En los sectores políticos de oposición surgieron denuncias contra Castillo por un intento de “golpe de Estado”; y hasta la embajada de Estados Unidos en Lima difundió un comunicado breve, en el cual rechazó “categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato”. “Los Estados Unidos instan enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas de Perú funcionen según la Constitución”, abundó la representación diplomática.
Acto seguido, el Congreso aprobó, con 101 y 130 votos, la destitución del mandatario.
