“Hablaremos del tiempo, y acaso del gobierno.
Y trazaremos nuestro magno plan.
Y a una estación sucederá otra igual…”
Nuevos planes, idénticas estrategias – Nacho Vegas
El llamado Plan B que el titular del ejecutivo ha impulsado ante el legislativo para llevar a cabo su personalísima reforma electoral implica modificaciones legales que afectan el funcionamiento orgánico del instituto encargado de llevar a cabo las elecciones en términos de equidad y democracia.
Estas afectaciones se resumen en: la adecuación legal para posibilitar a los partidos a no reembolsar recursos que no ejercieron, para gastarlos en una elección posterior; lo cual tenían prohibido. Esto obra en contra de la equidad y la transparencia de los gastos de campaña.
Se compacta la estructura del INE, y se elimina el necesario servicio profesional electoral. Esto es muy grave, porque una operación nacional requiere de una amplia estructura administrativa, así como de equipos humanos especializados, que hagan carrera, para evitar la improvisación en la organización electoral.
A la autoridad electoral le restan facultades para sancionar conductas de funcionarios públicos que vulneran la equidad de los comicios. Es decir, los partidos que tengan burócratas en los gobiernos podrán favorecer impunemente a su fuerza política. Sí, como en el PRI del Siglo XX.
Otra modificación grave: pretenden desaparecer al Programa de Resultados Electorales Preliminares, el famoso PREP, que ha tenido altos estándares internacionales y que incluso ha sido aplicado en otros países basándose en el modelo electoral mexicano. Esta desaparición abona a la incertidumbre, y a la opacidad.
Esta serie de reformas poco tienen que ver con el presunto objetivo declarado por el presidente: combatir la supuesta “opulencia” del Consejo General del instituto, y terminar con la “simulación” democrática que –afirma el presidente- ha mantenido el INE. Al contrario, ataca la operatividad electoral.
El momento coyuntural es delicado porque, de aprobarse la reforma, ésta afectaría negativamente la organización de los procesos electorales local de 2023, y federal de 2025; lo que podría derivar en resultados de votaciones asociados a la inestabilidad política y a una mayor polarización social
No sólo eso. La reforma, el Plan B del presidente, podría debilitar la de por sí endeble construcción de ciudadanía y democracia, retrasándonos a estadios similares a como estábamos a finales del siglo XX, cuando un partido hegemónico imponía sus políticas a una oposición desarticulada.
Debido a la oposición de buena parte del legislativo, esta reforma electoral se terminará de discutir en el primer bimestre de 2023. Sin embargo, es probable que, al enviar el paquete de reformas al ejecutivo para su publicación oficial, exista conflicto constitucional y se impugne.
Vamos, este conjunto de modificaciones a leyes secundarias (que evitan una reforma constitucional inalcanzable para las fuerzas del ejecutivo) es tan antidemocrático que hasta el PRI le niega el apoyo. Es decir, sólo los feligreses del presidente no pueden o no quieren ver el riesgo.
En ese sentido, es muy probable que para febrero de 2023 todas o varias de las reformas se aprueben. La fuerza política del ejecutivo en el legislativo le dan para ello. La falta de autonomía y de autocrítica que tienen los legisladores del presidente, también.
En ese escenario, el poder judicial será el último reducto institucional para proteger el funcionamiento autónomo del INE. Esto sucederá en una coyuntura en la que dicho poder vivirá el proceso de renovación en su magistratura presidente. Este es un escenario convulso para nuestra democracia.
En Estados Unidos, la fiscalía podría acreditar cargos penales al expresidente Trump y a sus seguidores por la insurrección del Capitolio. En Perú, la intentona de disolver al legislativo y dar un golpe de Estado terminó con el presidente destituido y al país en caos.
Esto es lo que pasa en las democracias cuando los presidentes caen en la megalomanía y buscan exceder el ejercicio del poder ejecutivo sobre las instancias legislativas, judiciales, o electorales. Que Perú o Estados Unidos nos sirvan como ejemplo sobre los riesgos para la democracia.
@_alan_santacruz
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