Desde hace unos años, el sistema político-electoral de nuestro país ha sido un tema controversial para todas y todos, y es que a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, así como el dominio de MORENA en las Cámaras Baja y Alta, se ha insistido en un cambio significativo dentro y fuera de las autoridades electorales locales y nacionales.
Hoy, el tan mencionado “Plan B” ha sido motivo de una gran cantidad de impugnaciones, ya que diversos actores políticos, consideran estas reformas legislativas como un ataque frontal a la Constitución Federal.
Pero… ¿En qué contexto se desarrolla el debate constitucional del “Plan B”?
La inconformidad del Instituto Nacional Electoral (INE) -principalmente de su Consejero Presidente- ante lo propuesto en el “Plan B” ha sido motivo de una serie de ataques bilaterales entre los representantes de Morena y los integrantes de esa autoridad nacional electoral.
Asimismo, desde la renovación de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que la Ministra Norma Piña resultó electa, se han registrado varias manifestaciones sociales-políticas en su contra, al considerar que el Poder Judicial Federal no es objetivo e imparcial.
Por otro lado, en México actualmente se están desarrollando tres procesos electorales; la renovación de la gubernatura en el Estado de México, la gubernatura y las legislaturas de Coahuila, así como la elección extraordinaria de una senaduría en Tamaulipas.
Si bien es cierto que dichas elecciones no tendrán una magnitud como las de 2024, es importante considerar la relevancia política de las mismas (Morena pretende erradicar el dominio priista en estos estados) previo a la renovación de la Presidencia de la República.
Así pues, la incertidumbre electoral, política, social, e incluso judicial que se vive actualmente en nuestro país, son motivo de un desequilibrio relevante para que las elecciones que se llevarán a cabo este año estén dotadas de certeza, con modificaciones en el procedimiento de los cómputos y traslados de urnas, con la reducción considerable de órganos y personal de INE, con cambios a las reglas de la propaganda electoral y la utilización del recurso público con fines electorales, hay poco tiempo para acoplarse a las mismas en elecciones tan importantes y un riesgo latente a la equidad en la contienda.
En ese orden de ideas, la SCJN debe de estar trabajando contrarreloj, pues es tal la tensión que se vive entre las autoridades electorales y las y los actores políticos, que, al ser un tema de interés nacional, el máximo órgano judicial tendría que resolver a la brevedad posible todas las impugnaciones interpuestas en contra del “Plan B” para que así, el proceso electoral concurrente 2023-2024 se pueda desarrollar con legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y equidad.
Ante la premura, considero que la reforma electoral denominada “Plan B”, aun y cuando librara su lucha en la Suprema Corte, que dicho sea de paso, es una aduana difícil de superar por las inconstitucionales o incluso anticonstitucionalidades que la nutren (háblese de cómo se trastoca el artículo 134 constitucional), lo cierto es que no daría tiempo suficiente para las reformas secundarias en la materia electoral local, necesarias para la aplicación en los comicios de las entidades federativas, por lo que no sería vinculante para el proceso electoral próximo.
Finalmente, es importante recordar que el 2 de junio de 2024 se llevarán a cabo las elecciones, mediante las cuales se renovará la Presidencia de la República, 128 Senadurías, 500 Diputaciones Federales, 9 Gubernaturas y 30 Congresos Locales, en la que sigue latente la posibilidad de jugar con nuevas reglas, lo que sin duda impacta la materia administrativa, jurisdiccional y penal electoral.
@SDANIELGTZ
