El pasado abril la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) dio a conocer una investigación sobre el Cártel de Sinaloa, a partir de la información que obtuvo al haber infiltrado los niveles más altos de su estructura.
Lo hecho por la DEA tiene múltiples ángulos de mirada y da cuenta, de manera contundente, de su capacidad y forma de operar.
La DEA, al menos por seis años, contó con tres informantes que pertenecieron al círculo cercano de los hijos del capo Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
Entre 2017 y 2022, los tres entregaron a las autoridades estadounidenses evidencias gráficas, grabaciones, fotografías de lugares y vehículos, ubicación de cómplices y de laboratorios.
Los informantes eran Miguel Alonso Payán, miembro del grupo de seguridad de Ovidio; Juan Carlos Arce Cabrera, distribuidor de narcóticos; y un sujeto sólo identificado con las claves NN, administrador de las bodegas de droga en California.
Los dos primeros eran miembros del cártel y negociaron con la DEA sus condenas y el tercero, un elemento infiltrado por la DEA en las redes del cártel, y por lo mismo su identidad no fue revelada.
La investigación da cuenta de que el Cártel es ahora dirigido por una segunda generación a la cabeza de Los Chapitos, los tres hijos de El Chapo; Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López.
Ellos, señalan, han construido una empresa moderna, hoy presente en 45 países del mundo, y han perfeccionado el modelo fundado por su padre 30 años atrás. Es una estructura eficaz.
Ahora son ellos los que controlan la producción del fentanilo y el ingreso de éste al mercado de Estados Unidos donde son su mayor proveedor.
El informe de la DEA asegura que Los Chapitos, entre 2017 y 2022, enviaban mensualmente entre 400 mil y 500 mil pastillas de fentanilo a Estados Unidos.
Con un kilo de precursor, que viene de China y por el que pagan 800 dólares, pueden fabricar hasta 415 000 pastillas o cuatro kilogramos de polvo de fentanilo.
Las píldoras llegan a venderse individualmente en sitios como Nueva York hasta en tres dólares. Cada cargamento representa millones de dólares, una parte regresa a México a través de transferencias en cuentas en paraísos fiscales y criptomonedas.
Y otra se dedica a compra de bienes raíces en Estados Unidos y otros bienes que se quedan en el mercado de ese país o ingresan a México, para completar el lavado del dinero.
El informe sostiene también que es imposible el tráfico de tal dimensión de drogas sin la corrupción de las autoridades fronterizas de los dos países.
Más allá de los discursos nacionalistas del gobierno de México y la desgarradura de vestiduras por la “intervención” de Estados Unidos, la DEA seguirá haciendo su trabajo en México.
La verdadera lucha contra el narcotráfico exige la acción concertada entre el gobierno de México y Estados Unidos. Se requiere, la voluntad de las partes y una estrategia multidimensional, que ahora no existe.
@RubenAguilar
