Como pareciera que mis tres lectores no pudieron leer mi columna en febrero de este año, pido disculpas anticipadas, pero es necesario reproducirla en esta ocasión por todo lo que, peligrosamente, sigue pasando a nivel Federal y Estatal.
Es importante destacar, principalmente a las y los servidores públicos, que actualmente no sólo existen “tres” Poderes de un Estado, sino que la Constitución mexicana prevé diversos poderes autónomos para garantizar y satisfacer los derechos de la población. Estos Poderes son Legislativo, Electoral, Educativo, de Protección a Derechos Humanos, de Acusación, Judicial, Ejecutivo, de Acceso a la Información, de Evaluación Estadística, de Provisión Económica y Reserva Monetaria, de Competencia Económica, y de Telecomunicaciones. Es decir, en el Estado mexicano, hay más de 10 Poderes, y no tres.
Todos estos Poderes tienen la misma jerarquía e importancia entre ellos, por lo que merecen el mismo trato respetuoso que se debe dar a cualquier persona o Institución, por lo que no se someten unos a otros, no son direcciones o secretarías unos de otros, y mucho menos dependen unos de otros, sino que cumplen con sus funciones Constitucionales de manera independiente y autónoma.
¿Por qué gozan de autonomía? Por ser la característica que les permite ejercer sus facultades con independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia a favor de la sociedad que les dio origen, y no de los intereses personales o de grupos políticos, empresariales, religiosos o comerciales.
Los diversos Poderes existen para evitar que las políticas públicas destinadas a la satisfacción de los derechos que tienen a cargo estén influenciadas por intereses distintos, y se conviertan en instrumentos de control contra sus ciudadanos.
Como estos Poderes tienen la misma jerarquía, importancia y respeto, no deben andar “limosneando” cada año los recursos públicos para cumplir con sus funciones sociales, y mucho menos un Poder ajeno a ellos puede administrar sus recursos y suministrárselos cuando lo vea conveniente, ni debe tratar de modificarlos y restructurarlos a su antojo y conveniencia.
Los Poderes públicos requieren condiciones estructurales que los doten de imparcialidad en la toma de decisiones, autogobierno, independencia real y objetividad, para apoyar al pleno ejercicio de los derechos de los seres humanos, pues tales Instituciones se crean para servir a la sociedad en su conjunto, se deben a ellas y son para ellas.
Enaltecer y darle mayor importancia y cobertura a un sólo Poder del Estado, demuestra que la forma de gobierno que sigue existiendo es la monarquía autoritaria disfrazada de pseudo democracia.
Recordemos que un Estado Constitucional de Derecho no está regido por “un sólo poder”, ni una sola “figura de autoridad” es la más importante y la única que debe respetarse. Los Poderes públicos no son simples organismos que componen al Estado; por sí mismos son una garantía de protección de las personas.
El problema es que, en México, la arbitrariedad, el ego, la prepotencia y la intolerancia han contribuido al ataque y control de demás Instituciones para que el poder central vuelva a convertirse en absoluto y dirigir las políticas públicas a lo que convenga al poder en turno y no a la sociedad.
Los viejos discursos modernizados ya no sirven en esta época. Los discursos deben ser reales y operativos para garantizar el fortalecimiento de Poderes igualitarios, protagonistas, autónomos e independientes, respetados y coordinados, que aseguren el respeto absoluto de la dignidad humana y sus derechos.
Dar su lugar a los Poderes Autónomos, respetarlos, reconocerlos, garantizarles su independencia, y permitirles el acceso a las herramientas necesarias para cumplir con sus funciones públicas, constituye un factor real de cambio hacia la protección de derechos, que transformará a una simple organización administrativa en una herramienta para mejorar la vida de nuestra colectividad.
Así, en lugar de presumir cuántas personas llenaron los conciertos en el zócalo o en el foro de las estrellas, hay que difundir masivamente que los Poderes Autónomos de un Estado sólo se deben a la sociedad que los creó y los mantiene vigentes; no se deben a nadie más.
