Diosdado explicó que conforme a la ley de responsabilidades administrativas solamente se puede inhabilitar hasta un año y cuando es un tema grave directamente se va a la Sala Administrativa
El Gobierno del estado de Aguascalientes ha instruido a las y los funcionarios que están en el servicio público a mantenerse al margen de las campañas políticas, de cara a las elecciones del próximo 2 de junio, de acuerdo a lo señalado por el contralor del estado, Juan Pablo Diosdado.
“El blindaje electoral fue tomado a raíz de una serie de capacitaciones que se hicieron por parte de la Consejería Jurídica, el consejero jurídico, Eduardo Aguilar, tuvo a bien realizar una serie de capacitaciones con todas las entidades de gobierno”.
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Dijo que la contraloría fue capacitada, por lo cual, cada uno de quienes conforman esta secretaría tiene que estar vigilante de que los recursos no se utilicen en el proceso electoral, pues “es parte fundamental la contraloría del estado y derivado de ello estamos atentos a que ningún funcionario público utilice recursos y que el día de mañana cualquiera que lo haga poder actuar, en el tema de responsabilidades administrativas”, indicó.
Dijo que habrá sanciones severas y que estarán apoyando a la consejería jurídica para que el proceso electoral este blindado. “Afortunadamente el consejero jurídico Eduardo Aguilar siempre ha sido muy puntual en que todos los funcionarios públicos deben de tener un ejemplar comportamiento en el proceso electoral venidero”, indicó.
El contralor manifestó que, en ese sentido, el llamado en general para las y los servidores es qué sí hacer o qué no hacer durante el proceso electoral y en caso de dudas que se acerquen a la consejería jurídica, además de invitarlos a que tengan un buen comportamiento, pues “la encomienda de la gobernadora es trabajar todos los días y dar soluciones”.
Diosdado explicó que conforme a la ley de responsabilidades administrativas solamente se puede inhabilitar hasta un año y cuando es un tema grave directamente se va a la Sala Administrativa y les toca a ellos sancionar hasta por 10 años.
Asimismo, indicó, que en lo que respecta al desarrollo del periodo electoral lo más grave que pudiera detectar la contraloría es que los funcionarios utilicen recursos públicos para utilizarlos en el proceso electoral, el hacer uso de vehículos oficiales o que haya gente que esté en su horario laboral haciendo propaganda política.
“Es un sinfín de cosas en las que sí se puede incurrir en una falta y que el servidor público está impedido a realizar, entonces, hemos sido muy puntuales en decirles a los funcionarios qué sí pueden hacer en el proceso electoral y qué no se puede hacer durante el mismo”, concluyó.
