Además, están las víctimas de la violencia armada, las desapariciones y el covid-19. Urge actualización de leyes que les proteja desde el ámbito institucional
El activista y defensor de los derechos humanos de la niñez y las adolescencias, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia de América Latina y el Caribe, resaltó la necesidad de hacer visibles a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio, “crimen que en México ha incrementado”, sostuvo.
Detalló que también existen las víctimas de las tentativas de feminicidio, ya que también quedan en estado de indefensión y de incertidumbre jurídica, de ahí la importancia de la actualización de leyes para que se pueda proteger desde el ámbito institucional el libre desarrollo de la personalidad y que no vean afectado su proyecto de vida.
“A la fecha México no ha sido coherente con los acuerdos internacionales e institucionales en cuanto a los protocolos de atención a los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio, pues se sigue teniendo ausencia de datos e irregularidad en la aplicación de los protocolos”, detalló el activista.
Añadió que ante dicho escenario, es importante conversar cada vez más y hacer que las instituciones cumplan con su obligación legal en torno al incremento de problemas de salud mental en niños, niñas, y especialmente en las personas adolescentes.
Indicó que a pesar que durante el confinamiento por la pandemia covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que aumentarían los problemas de salud mental, la problemática en México no ha sido atendida aun cuando las cifras oficiales del INEGI revelan un incremento en los casos de ideación suicida y suicidios en el segmento de los 10 a los 14 años.
Destacó el punto de acuerdo propuesto por la senadora Adriana Jurado Valadés para que las Procuradurías de Protección de los Derechos de las Niños, Niñas y Adolescentes, puedan tener autonomía, recursos humanos y financieros suficientes para que se pueda atender las diversas crisis que viven, el cual suscribe en su totalidad, además de celebrar las acciones emprendidas para que con el cambio legislativo, las iniciativas y esfuerzos que se han llevado a cabo conjuntamente con sociedad civil en beneficio de este grupo de población vulnerable, no se pierdan.
“Actualmente las procuradurías no tienen los recursos suficientes, ni personal para atender, por ejemplo, a las víctimas asociadas a la violencia armada en México, a las víctimas del feminicidio, así como a las condiciones de orfandad que siguen sin ser atendidas, tal es el caso de los huérfanos del covid-19 y aquellos que siguen enfrentando la pérdida o desaparición de su padre o su madre”.
Todos estos casos, añadió el activista social, deberían ser atendidos por las Procuradurías, ya que es su obligación, pero ante la falta de recursos, limitaciones normativas y la falta de voluntad política, no se ha hecho.
