Pareja de la joven señala que está en prisión por delitos no comprobados. En 2019 la familia vivió violaciones graves en espacios de la procuración de justicia
Funcionarios públicos involucrados en el caso de Samantha deben ser inhabilitados del servicio público de por vida, señaló la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA), Mariana Ávila Montejano, quien en compañía de la pareja de la joven expusieron, en rueda de prensa, una serie de violaciones a los derechos de las que fue objeto hasta llevarla a prisión por delitos de los que no se tienen pruebas, entre otros que no están integrados en carpeta de investigación.
Erick Romaní, abogado y pareja de Samantha, fue también víctima directa junto con sus padres, al haber sido privados de su libertad el 19 de junio del 2019 en su domicilio particular por elementos de la Fiscalía General del Estado, y fueron traslados a sus instalaciones, acusados de poseer droga, la cual fue sembrada, aseguró; la familia completa sufrió tortura física, y en el caso de la joven también de tipo sexual.
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Este es el antecedente del proceso de tortura y de violencia que ella ha vivido a lo largo de los años desde el momento en que fue detenida, “estamos hablando desde el 2019 y cómo estos procesos que la privaron ilegalmente de su libertad, en el cual vivió tortura sexual, violencia física, incriminación de un delito que no cometió y una sentencia de un delito que no cometió que la tiene privada de la libertad y que además provocó que hoy esté buscando junto con su pareja el paradero de su hija Victoria”, explicó la activista.
“El Observatorio se responsabiliza de eso porque quiero aclarar que todo lo tenemos documentado y que obra en carpetas de investigación quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que nada de lo que estamos diciendo aquí es inventado, al contrario de lo que sí presentaron las autoridades en el estado de Aguascalientes”, resaltó Ávila Montejano.
La familia nunca fue presentada ante un Ministerio Público. Fue hasta las 2 de la madrugada del día 20 de junio cuando la reunieron, al ser evidente la tortura en cada uno de ellos, en especial en Samantha, al asegurar que fue de diversas maneras, inclusive sexualmente, expuso el abogado, al evidenciar así las violaciones graves que vivieron en los espacios encargados de la procuración de justicia en el Estado de Aguascalientes.
“Alrededor de la 1 de la mañana nos bajaron a un área, me parece que fue la de delitos contra la salud, nos llevaron supuestamente con el Ministerio Público, que jamás tuvimos contacto con él, ahí nuevamente vi a Samantha y a sus padres, los vi en muy malas condiciones. Samantha estaba totalmente desalineada, muy hinchada de su cara, apenas podía caminar, venía de haber sido ultrajada, abusada sexualmente, la habían desnudado de su pecho y la habían manoseado una gente de nombre Mario Arturo, un enfermo, un animal, una bestia, porque no lo puedo llamar de otra manera. La estuvieron torturando, la metieron a un bote con agua, le colocaron la típica bolsa atada al cuello y la estuvieron sometiendo”, expone Erick Romaní.
Después de esta primera detención y las constantes amenazas, los elementos de la Fiscalía realizan un cateo en el domicilio de la familia, lo cual califican como allanamiento de morada al ingresar personal no autorizado, “hicieron todo un espectáculo, ingresó personal que no estaba autorizada en la orden de cateo, por eso lo menciono, que es un allanamiento, no una diligencia constitucionalmente formal”, apuntó el abogado.
La declaración que buscaban obtener los elementos de la Fiscalía era del padre de familia con relación a un cadáver que finalmente confesó estaba enterrado en el jardín del domicilio, pero deslinda a su familia de la situación, “sin embargo, no era algo vendible para la Fiscalía, no era una historia que les fuera a generar la atención necesaria”.
A decir de la pareja de Samantha, el caso fue politizado de varias formas, primero desde Palacio Municipal, en donde se dio a conocer una historia inverosímil, absurda, de que era una banda de extorsionadores y la amante era una prostituta y extorsionadora, “se refirieron a ella de lo más bajo, la vendieron como un trozo de carne, como un ser humano despreciable, cosa que fue absurdo. Samantha es una buena muchacha, Samantha es inocente de lo que se le acusó, Samantha fue sentenciada sin pruebas, no hay una sola prueba que vincule a Samantha con el homicidio de la persona”, subrayó.
A pesar de que el padre confesó los hechos, la joven fue juzgada a 21 años y tres meses, al igual que su padre, sin ninguna prueba, ni una sola evidencia ni prueba pericial que vincule a Samanta, pero llega con una losa pesada de un juicio social previo porque desde el interior de la Fiscalía, entre el 26 y 27 de noviembre del mismo 2019, el fiscal Jesús Figueroa Ortega sugirió de manera irresponsable la sentencia, incluso menciona delitos que no obran en la carpeta de investigación.
