El legislador aseguró que la participación de activistas en las mesas para la construcción del nuevo Código Urbano no era necesaria
El diputado presidente de la comisión de Obras Públicas en el Congreso del Estado, Maximiliano Ramírez Hernández, habló sobre el llamado que hizo un juez para modificar artículos de la nueva ley sobre construcción de vivienda, señalando que en el Código Urbano son cerca de 900 artículos y solo son dos los que le están pidiendo que se modifiquen.
“Creo que es una mala interpretación, pues el Código Urbano nunca buscó eliminar las áreas verdes, al contrario, creo que las áreas verdes en el 30 por ciento quedan bien esclarecidas, era más bien en el tema de donación y creo que queda bien esclarecido, porque dicen que si hay menos áreas de donación habrá menos áreas verdes y al contrario, creo que en ese 30 por ciento se buscó que hubiera más servicios como escuelas y hospitales”.
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Indicó que, sin embargo, se acatará lo mandatado y estará trabajando en ello, con la modificación a estos dos artículos quedaría como estaba anteriormente.
Explicó que los porcentajes de donación eran del 15 y 12 por ciento, “y quiero comentar que el año pasado se aprobaron 22 condominios y solo un fraccionamiento, es decir, la gente en Aguascalientes quiere vivir en condominios, es otro régimen y otra figura, pero la realidad es que estaremos a atendiendo y presentaré modificaciones”.
Reiteró que fue una mala interpretación, ya que nunca se buscó eliminar las áreas verdes, al contrario, pues están muy claros los porcentajes y era más bien en el tema de donación, pues lo que se buscó es que pudiera ser por infraestructura, es decir, en vez de que te entregaran áreas de donación que se hiciera a través de infraestructura, donde el desarrollador pudiera entregar pozos, parques o avenidas.
Aunque se estará acatando lo ordenado por el juez, además se estarán presentando nuevas iniciativas en el Código Urbano, pues las leyes son perfectibles.
Añadió que para esta nueva ley de Código Urbano hubo un proceso de más de un año, se vio con el colegio de arquitectos, ingenieros, la CANADEVI, la SEMARNAT, pero no con los ambientalistas, señalando que no necesariamente se les debe de tomar en cuenta.
Indicó que no es fácil construir, pues se tiene que pasar por un proceso de cerca de 47 trámites “y la verdad es que nosotros buscamos dar certeza jurídica y que la inversión se quede en el estado”.
Dijo que esta ley no se actualizaba desde hace 9 años, donde ya estaban muchas cosas obsoletas y había burocracia, duplicidad de funciones y, además, “le regresamos la facultad al municipio”.
Sobre los beneficios al “cártel inmobiliario”, el legislador en tono un tanto molesto mencionó que esa palabra deberá de ser manejada con mucho cuidado, asegurando que no existe tal “cártel inmobiliario”, pues “aquí quien quiera venir a desarrollar y cumpla con los requisitos medioambientales y factibilidades del agua puede desarrollar, si no cumple pues no y hemos estado atentos a que así sea”.
