El Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex) ha venido evaluando, durante los últimos años, el desarrollo democrático de cada uno de los 32 estados del país. El promedio nacional para efectos internacionales, se ubica en los 5,500 puntos (lugar 89 de 167) con un registro promedio de sus 32 entidades de 5,594 puntos, lo que nos ubica en el estándar de desarrollo democrático “medio”. Destacan por alto puntaje los estados de Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo y la Ciudad de México, en oposición a Guanajuato, Veracruz, Zacatecas y Guerrero con el puntaje más bajo. Aguascalientes se encuentra en el lugar 21 y Morelos no alcanza calificación para el IDD.
En el vecindario regional tenemos dos categorías claras en índice de desarrollo democrático: en 8° lugar a Querétaro con 7,261 puntos; a Jalisco en el 9° con 6,914; y a San Luis Potosí en 10° con 6,877. En un segundo grupo: Aguascalientes con el 21° y 4,864 puntos, Guanajuato en el 28° con 3,071 y Zacatecas en el 30° con un puntaje de 2,640 o sea la tercera parte del puntaje de Querétaro y semejante a Camerún
INEGI, en su publicación denominada: Realidad, datos y espacio (mayo-agosto 2024), desarrolla varios conceptos:
- La corrupción es un tema recursivo en México, sobre todo en cada elección tanto estatal como federal, cuya persistencia, incluso, puede causar que los ciudadanos se cuestionen la legitimidad de la democracia como un adecuado sistema político.
- Para analizar los datos de la percepción de la corrupción, INEGI utilizó los de la ENCIG referentes a este tema en siete instituciones: presidencia, gubernatura estatal, presidencia municipal, jueces y magistrados, partidos políticos, congreso nacional y ministerios públicos.
Estas variables corresponden a la pregunta: “En su opinión, ¿con qué frecuencia cree que ocurren prácticas de corrupción en…?”, y que se respondió en una escala del 1 al 4, donde: 1 significa Muy frecuente; 2, Frecuente; 3, Poco frecuente; 4, Nada; y 9, el encuestado no sabe o no respondió. La región centro norte de México es la que más aprecia corrupción en Presidencia y algunos estados del norte, junto con Guanajuato y Yucatán los que menor corrupción aprecian de sus gubernaturas.
- Para analizar la calidad de los servicios públicos locales, se utilizó el IPCSL conjuntando la información de todos los servicios. Valores menores del IPCSL indican que los encuestados perciben menor calidad de los servicios públicos locales, mientras que mayores significan que en promedio los identifican con más calidad.
Las calidades de los servicios otorgados por el sector público a nivel local tienen asimetrías notables entre estados. Así, tenemos bien valorados los servicios de Chihuahua, BCS, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, CDMX y Yucatán, contra los infravalorados de Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Coahuila.
- La tasa de delitos (casos por cada 100 mil habitantes) mide la incidencia delictiva de las entidades y con ello se aprecia la seguridad que se ha logrado por parte de los guardianes del orden.
- La dimensión de bienestar económico considera el indicador de ingreso corriente per cápita, mientras que para la dimensión de derechos sociales se evalúan seis indicadores de carencia social: educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y la alimentación nutritiva y de calidad. El contexto territorial se mide con la cohesión social y accesibilidad a carreteras pavimentadas.
El trabajo de INEGI permite identificar que el desarrollo de la democracia se traduce en una mejor calidad de vida de las personas, relacionada con la calidad de los servicios públicos locales y asociada a la percepción de la corrupción existente entre los diferentes niveles de gobierno y entre los tres poderes de la unión.
Definitivamente la democracia y los derechos humanos deben estar estrechamente vinculados, aunque existan numerosos puntos de tensión. Estos antagonismos implican el entendimiento más sustancial de la democracia. Algunos de los aspectos básicos como las nociones de dignidad, igualdad y libertad para las distintas filosofías políticas, deben subordinar sus límites al derecho internacional para el ejercicio de los derechos humanos en los regímenes democráticos.
