Impunidad, un problema sistémico y el refacultamiento ciudadano
La impunidad en México sigue siendo una herida abierta que lacera el tejido social y debilita las bases institucionales de la justicia, la seguridad y el respeto a los derechos humanos. El Índice Global de Impunidad 2024 (IGI 2024), publicado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y coordinado por Juan Antonio Le Clercq y Azucena Cháidez, ofrece una radiografía preocupante: México ocupa la posición 80 entre 94 países evaluados, con un índice de 46.19, superando significativamente tanto el promedio global (31.64) como el regional para América (36.89).
¿Qué es la impunidad? Según la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU, 2005), la impunidad es “la inexistencia, de hecho, o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.
Este fenómeno no es una cifra más. Se traduce en víctimas sin reparación, delincuentes sin castigo y una sensación de vulnerabilidad que permea la vida cotidiana. Pondremos como ejemplo a Puebla, como entidad federativa, enfrenta retos específicos que exigen atención urgente. ¿Cómo impacta la impunidad en nuestra vida diaria? ¿Qué estrategias pueden adoptarse para enfrentar este reto? Analicemos el panorama y las posibles soluciones.
El informe destaca que la impunidad en México es sistémica y multidimensional. En las cinco dimensiones evaluadas -seguridad estructural y funcional, justicia estructural y funcional, y derechos humanos- el país obtiene resultados negativos, lo que refleja una crisis que trasciende la mera incapacidad de sancionar delitos. Se trata de una disfunción institucional que afecta el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y la percepción pública de seguridad.
La dimensión de seguridad funcional es particularmente alarmante, con una puntuación de 55.50, lo que evidencia la ineficacia en la prevención e investigación de delitos. A esto se suma una infraestructura penitenciaria insuficiente y una marcada falta de personal en áreas críticas de procuración e impartición de justicia. El reporte subraya que, sin capacidades institucionales sólidas, las estrategias de combate a la delincuencia resultan ineficaces.
Aunque el informe no detalla el desempeño estatal individual en esta edición, la trayectoria del IGI-MEX en 2022 ya alertaba sobre las deficiencias de las entidades federativas. Puebla, en particular, mostró debilidades en la procuración de justicia y la atención a delitos de alto impacto. La limitada capacidad institucional del estado afecta la resolución de casos y, en consecuencia, perpetúa ciclos de violencia y desconfianza ciudadana.
La percepción de inseguridad en Puebla, alimentada por la impunidad, se convierte en un obstáculo para el desarrollo social y económico. La ciudadanía, al no confiar en las instituciones, se ve desincentivada a denunciar delitos, lo que perpetúa una espiral de impunidad. Es urgente que las autoridades locales fortalezcan las capacidades del sistema judicial y adopten mecanismos de transparencia que permitan evaluar con precisión su desempeño.
Un hallazgo relevante del IGI 2024 es la existencia de lo que los autores denominan impunidad estadística: la falta de datos confiables, actualizados y consistentes sobre seguridad, justicia y derechos humanos. Esta carencia, muchas veces intencional, impide evaluar el verdadero alcance de la impunidad y diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
En México, a pesar del esfuerzo del INEGI por ofrecer información pública, persisten deficiencias en la calidad y cobertura de los datos proporcionados por los estados. Puebla debe asumir su responsabilidad en esta materia, garantizando la recolección y difusión de estadísticas precisas que permitan un diagnóstico certero del fenómeno.
El informe identifica a Alemania, Luxemburgo y República Checa como los países con menor impunidad, gracias a instituciones sólidas, procesos transparentes y una ciudadanía activa. México y Puebla pueden aprender de estas experiencias adoptando una perspectiva policéntrica, que descentralice la toma de decisiones y fomente la colaboración entre órdenes de gobierno.
Algunas recomendaciones clave son:
- Fortalecimiento de las capacidades institucionales: Invertir en capacitación, infraestructura y recursos para el sistema de justicia.
- Transparencia y rendición de cuentas: Mejorar la calidad y disponibilidad de datos para combatir la impunidad estadística.
- Participación ciudadana activa y refacultamiento ciudadano: Impulsar procesos de empoderamiento comunitario que permitan a los ciudadanos comprender y ejercer su capacidad para exigir justicia y participar en la toma de decisiones.
- Coordinación interinstitucional: Impulsar estrategias multinivel que integren esfuerzos federales, estatales y municipales.
La impunidad no es un destino inevitable, sino una condición que puede revertirse mediante decisiones firmes y políticas públicas basadas en evidencia. Puebla, como entidad clave en el desarrollo regional, tiene la oportunidad de liderar este esfuerzo, demostrando que es posible construir instituciones sólidas y confiables.
@ojedapepe
