La política mexicana tiene una fascinante capacidad para reciclar viejas ideas con nuevos nombres. Esta vez, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido que nada grita “transformación” como revivir una propuesta que ya fue declarada inconstitucional. Sí, hablamos del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, una versión remasterizada del fallido PANAUT, ahora con el respaldo de un poder judicial menos incómodo y sin el molesto INAI que pueda interponer controversias.
Según la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, 148.3 millones de mexicanos deberán proporcionar su CURP, INE y RFC para poder seguir usando su celular. ¿La justificación oficial? Combatir delitos como extorsión y secuestro. Un argumento tan sólido como la idea de que los delincuentes usarán sus datos reales para registrar teléfonos desechables.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) será la encargada de gestionar la información, mientras que las empresas de telecomunicaciones estarán obligadas a registrar a cada usuario y desactivar las líneas no asociadas a una persona. Básicamente, si un delincuente decide seguir usando números robados o cuentas falsas, el verdadero afectado será el usuario común que olvide registrar su línea.
La medida no solo recuerda al fallido intento de López Obrador en 2021, sino que además se implementa en un contexto donde los organismos encargados de proteger la privacidad han sido eliminados o debilitados. Antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el INAI se encargaron de tumbar el PANAUT original por violar los derechos humanos. Pero con el INAI desapareciendo en marzo de 2025 y una Corte reconfigurada, ¿quién queda para frenar el padrón ahora?
Pero el registro de celulares es solo una pieza de un rompecabezas más grande. La misma iniciativa también propone la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia, que permitirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recolectar información de prácticamente todos los registros oficiales, incluyendo datos biométricos, fiscales, vehiculares y telefónicos. Y por si fuera poco, habilita la intervención de líneas en aras de la seguridad pública.
Los optimistas podrían pensar que esto es una estrategia legítima para combatir el crimen. Los más escépticos se preguntan si no estamos a las puertas de un Estado de vigilancia sin precedentes, donde la privacidad es solo una palabra bonita en los discursos políticos.
El Congreso, donde Morena y sus aliados tienen mayoría, tiene en sus manos la aprobación de la ley. Y considerando que el padrón entraría en vigor 180 días después de su publicación, podríamos estar estrenando esta medida en la segunda mitad de 2025.
Así que, si pensabas que lo único que necesitabas para mantener tu número era pagar tu plan a tiempo, piénsalo de nuevo. Ahora, además de tus datos biométricos, parece que también tendrás que demostrarle al gobierno que no eres un criminal.
¿Mayor seguridad o una excusa para control total?
Lo cierto es que la historia nos ha demostrado que el crimen organizado siempre encuentra maneras de saltarse este tipo de medidas, mientras los ciudadanos de a pie terminan enredados en burocracia, filtraciones de datos y un Estado cada vez más entrometido. ¿Será esta la solución que México necesita o simplemente otro intento más de tenernos bajo la lupa?
El veredicto está en manos del Congreso. Pero el tiempo dirá si esta ley protege a los ciudadanos o simplemente los vigila.
