Miembros de la Asociación de Comerciantes de la Industria del Entretenimiento (ACOCINDE) realizaron una manifestación pacífica el viernes pasado en protesta por un presunto acto de violencia física cometido por personal de la Dirección de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes en contra de una mujer embarazada, durante un operativo en el perímetro ferial.
El secretario general de la asociación, Bernardo Ramírez Martínez, explicó que el hecho ocurrió cuando un verificador municipal acudió a un establecimiento con licencia vigente para operar como restaurante-bar con venta de bebidas para llevar. Según narró, el funcionario intentó clausurar el negocio sin argumentar motivos claros, y al ser cuestionado por una de las encargadas, quien además se identificó y le mostró la licencia, la empujó contra la barra, provocando la indignación de otros comerciantes de la zona.
“Se le mostró la licencia. No quiso escuchar. Entonces empieza lo más penoso: empieza a forcejear con la señora y la avienta sobre la barra. La señora está embarazada”, denunció Ramírez Martínez.
Aunque el incidente no pasó a mayores, el líder de ACOCINDE aseguró que el verificador ya llevaba los sellos de clausura en la mano, y que, de acuerdo con testigos, antes de llegar al local habría dicho: “Ya los tengo, me los voy a chingar”.
Ramírez también aprovechó el momento para denunciar una serie de cobros excesivos e inconsistencias administrativas que han afectado a los comerciantes agremiados durante la feria. Entre los principales señalamientos están:
- Altas tarifas por licencias municipales, que pueden ir de 60 mil hasta 240 mil pesos, dependiendo del giro comercial.
- Cobros adicionales por uso de suelo, protección civil, servicios sanitarios y manejo de residuos, sin que se brinde claridad sobre los procedimientos ni los criterios.
- Falta de coordinación entre el Patronato de la Feria y el Municipio, lo que según dijo ha generado desventajas para comerciantes establecidos, frente a espacios entregados de forma irregular.
“El Patronato se está sometiendo completamente al Municipio. Cada vez hay más cobros, más actas, más presión”, lamentó.
Ramírez Martínez informó que presentaron la queja formal ante la Secretaría de Gobierno, dependencia a la que pertenece la Dirección de Reglamentos. Aseguró que fueron atendidos por el secretario Manuel Cortina Reynoso y que esperan una pronta respuesta y acciones concretas.
ACOCINDE cuenta con un padrón de alrededor de 120 comerciantes, de los cuales 70 a 80 se vieron directamente afectados por operativos, clausuras o cobros indebidos, según el representante.
Finalmente, reiteró que la violencia, la opacidad y el hostigamiento administrativo no pueden normalizarse, especialmente durante un evento de esta magnitud, y llamó a las autoridades municipales a garantizar el respeto y los derechos de los comerciantes locales.
