En una decisión que ha generado indignación y movilización social, un juez de control de Zacatecas otorgó libertad condicional al rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén de Jesús Ibarra Reyes, pese a que reconoció su responsabilidad por abuso sexual agravado contra una menor. La resolución, emitida tras reclasificar el delito de violación equiparada agravada a uno considerado “no grave”, ha sido señalada por colectivos feministas como un ejemplo más de impunidad institucional.
El caso comenzó en noviembre de 2024, cuando fue presentada una denuncia por violación contra Ibarra Reyes. La Fiscalía General del Estado procedió con su detención el 9 de mayo de 2025, coincidiendo con las elecciones internas de la universidad. Tras seis días en prisión preventiva en el penal de Cieneguillas, y tras una audiencia que se extendió durante 24 horas, el juez Alfredo Sánchez decidió cambiar la clasificación del delito a abuso sexual agravado. Esta modificación permitió que el rector accediera a un procedimiento abreviado y obtuviera la suspensión condicional de la condena.
Según declaraciones del abogado defensor, Darío Gamón Rodríguez, el rector aceptó su responsabilidad para acceder al beneficio legal. Sin embargo, esta aceptación no implicó un juicio a fondo ni desahogo completo de pruebas: “Esto no quiere decir en realidad si lo hizo o no lo hizo… esta es una forma de terminar los procedimientos”, declaró. Un eufemismo jurídico que, lejos de aclarar, refuerza la percepción de una justicia complaciente cuando se trata de figuras de poder.
La defensa presentó ocho testigos, entre ellos Perla María Trejo Ortiz, secretaria general electa de la UAZ, mientras que la Fiscalía argumentó haber reunido pruebas suficientes. Sin embargo, la sanción se redujo a una sentencia simbólica: cuatro años de prisión que no cumplirá tras acordarse la suspensión condicional, a cambio de medidas no reveladas de reparación del daño a la víctima.
Mientras tanto, el Movimiento Feminista de Zacatecas y el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes exigieron la vinculación plena a proceso del rector, denunciando posibles vínculos de protección entre el acusado y redes de poder locales. En un pronunciamiento público, solicitaron al gobernador David Monreal, al fiscal Cristian Paul Camacho y al presidente del Poder Judicial de Zacatecas que garanticen un proceso justo, con enfoque de derechos humanos y atención al interés superior de la niñez.
A pesar de su antecedente penal, no se ha aclarado si Ibarra Reyes retomará sus funciones como rector ni si la normativa universitaria se lo impide. Por lo pronto, colectivos feministas se han concentrado frente a la rectoría para exigir su destitución inmediata, considerando inaceptable que una persona que reconoció un acto de abuso sexual agravado permanezca en un cargo de poder académico.
La resolución judicial, lejos de resolver el caso, lo ha convertido en un símbolo del déficit estructural de justicia para las víctimas de violencia sexual en México. Mientras los agresores gozan de recursos legales para sortear la cárcel, las víctimas enfrentan un sistema que premia el silencio y la negociación por encima de la verdad y la justicia.
