Derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas: pilares fundamentales para la democracia en México
Abogado, catedrático y presidente del Observatorio Ciudadano del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
En México, el respeto y la protección de los derechos humanos constituyen uno de los desafíos más apremiantes tanto para el Estado como para la sociedad. La vigencia de estos derechos no solo depende de la existencia de marcos legales adecuados, sino también de la efectiva implementación de principios democráticos como la transparencia y la rendición de cuentas. Ambos son indispensables para garantizar que las autoridades actúen conforme a la ley, que la ciudadanía tenga acceso a información pública confiable y oportuna, y que los responsables de violaciones a los derechos fundamentales sean debidamente sancionados.
La transparencia puede definirse como “la apertura y accesibilidad de la información gubernamental, permitiendo a la sociedad conocer las decisiones, políticas y recursos del Estado”. Se trata de una herramienta esencial para prevenir la corrupción y fomentar la participación ciudadana en la vida pública. En México, la existencia de leyes como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública sentó las bases para un sistema de gobierno más abierto. Organismos como el ya extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) facilitaron en su momento el acceso a datos públicos: desde los presupuestos de cada organismo de gobierno y poder público, hasta los contratos gubernamentales.
No obstante, a pesar de estos avances, México enfrenta retos significativos en materia de transparencia. Según Transparencia Internacional México (2023), la corrupción continúa siendo un problema estructural que limita la capacidad del Estado para proteger los derechos humanos. El mal manejo de recursos públicos afecta sectores esenciales como la salud, la educación y la seguridad, impactando directamente en la calidad de vida de la población.
En este contexto, la rendición de cuentas se convierte en un principio complementario y necesario. Implica que los funcionarios públicos deben responder por sus acciones y decisiones, especialmente cuando estas afectan los derechos humanos. La rendición de cuentas permite a la sociedad participar activamente en la supervisión y evaluación constante de la actuación estatal, lo cual resulta fundamental para combatir la impunidad, uno de los mayores obstáculos para la consolidación de la democracia en México.
Un caso emblemático que ilustra lo anterior es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Este hecho, que conmocionó tanto a la sociedad mexicana como a la comunidad internacional, puso en evidencia la ausencia de transparencia y la falta de rendición de cuentas en el país. Reveló, además, las profundas fallas en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y los derechos de la ciudadanía, evidenciando la necesidad urgente de fortalecer estos mecanismos para evitar que tragedias similares se repitan.
Otro ejemplo relevante es la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la persecución de delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Aunque cuenta con mandatos claros, su efectividad ha sido cuestionada debido a la lentitud de los procesos y a la falta de resultados contundentes en casos de alto impacto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha subrayado que “la transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales para prevenir violaciones a los derechos humanos y para promover una cultura de legalidad” (CNDH, 2021, p. 12), enfatizando la importancia de que estas instituciones actúen con autonomía y eficiencia.
El acceso a la información pública y la participación ciudadana se convierten, así, en herramientas poderosas para la vigilancia del poder. La sociedad civil, a través de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y movimientos sociales, ha desempeñado un papel crucial en la exigencia de mayor transparencia y responsabilidad gubernamental. Esta interacción fortalece la democracia y propicia un entorno en el que los derechos humanos pueden ser promovidos y protegidos de manera efectiva.
En términos generales, el respeto a los derechos humanos en México está íntimamente ligado a la existencia de un sistema de gobernanza transparente y responsable. Sin estos elementos, la corrupción y la impunidad proliferan, afectando directamente el bienestar de la población y minando la confianza en las instituciones públicas.
Finalmente, la educación cívica y la cultura de legalidad deben fomentarse en todos los niveles, incentivando a la ciudadanía a participar activamente en la supervisión y el control del poder público. Solo así México podrá avanzar hacia un modelo de democracia sólida, en el que los derechos humanos sean respetados y protegidos con firmeza.
