- Un juez concedió la suspensión definitiva contra la deforestación de La Pona, prohibiendo cualquier intervención mientras se resuelve el juicio ambiental
- La resolución responde a un amparo interpuesto por colectivos ciudadanos, que denuncian la falta de permisos legales por parte de autoridades y empresas
Alejandro Larios Barrientos, activista y director de Conversa Sur, subrayó que la protección de La Pona compete a los tres órdenes de gobierno y exige una visión ambiental más profunda
Durante los últimos días, el activista Alejandro Larios Barrientos, director de Conversa Sur, celebró lo que calificó como un importante avance jurídico en la defensa de La Pona: la suspensión definitiva contra su deforestación. Esta resolución, explicó, implica que no podrá realizarse ninguna intervención, urbanización o proyecto en el espacio, al menos mientras dure el proceso judicial, el cual podría extenderse por meses: “No se puede tocar La Pona”, subrayó, al tiempo que detalló que corresponde a las autoridades vigilar la protección de su flora y fauna, tanto en la zona decretada como área natural protegida, como en los predios de propiedad privada.
De acuerdo con Larios, uno de los elementos centrales del juicio es que los terrenos involucrados tienen carácter forestal, lo cual obliga incluso a la Federación a intervenir en su resguardo: “Se trata de suelos que no han sido alterados por la acción humana y que han evolucionado naturalmente durante siglos”, puntualizó.
En este contexto, el activista también señaló irregularidades por parte de autoridades municipales y estatales al haber otorgado permisos para proyectos sin cumplir los requisitos legales, como la Manifestación de Impacto Ambiental y el cambio de uso de suelo: “No siguieron sus propias reglas”, dijo. Recordó que fue la PROFEPA quien clausuró el predio al constatar que la empresa involucrada no presentó los permisos correspondientes: “Eso refuerza lo que se argumentó en el amparo, y que el juez concedió: que la protección de La Pona compete a los tres órdenes de gobierno”.
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El líder activista advirtió sobre una tendencia preocupante: la emisión de autorizaciones con criterios que responden más a intereses particulares que a fundamentos técnicos: “Parece que la propiedad privada se protege solamente para ciertos proyectos”, opinó.
Sobre el papel de las organizaciones civiles, destacó la colaboración entre colectivos como Alianza por la Defensa Natural de Aguascalientes, Salvemos La Pona, Conversa Sur y el Observatorio de la Violencia: “No es la primera vez que se logran avances. Por ejemplo, logramos revertir una reforma que buscaba reducir las áreas de donación en desarrollos habitacionales. Eso también terminó en un amparo favorable”, recordó.
A lo largo de los últimos años, señaló, ha crecido la indignación ciudadana ante las decisiones gubernamentales que afectan el medio ambiente: “La sociedad se está sumando. Ya sea a través de organizaciones o de forma independiente, la gente se está apropiando del tema ambiental”, expresó. Recordó, además, la participación activa en manifestaciones recientes por otras áreas naturales, como Cobos o el hábitat de la ranita de madriguera.
Finalmente, Larios Barrientos cuestionó la visión institucional que reduce la política ambiental a tareas menores: “Pareciera que se entiende la ecología como jardinería. Pero no podemos seguir haciendo proyectos sin pensar en el medio ambiente. En el mundo ya no hay cabida para eso”, concluyó.
