En Puebla, opinar se volvió deporte extremo. La reciente reforma al Código Penal estatal, publicada como si fuera una actualización del sistema, introduce un delito nuevo de catálogo: ciberasedio. Una figura que, más allá de su nombre técnico, castiga con hasta tres años de cárcel y una multa cercana a los 40 mil pesos a quienes “insulten” u “ofendan” a través de redes sociales, correos electrónicos o cualquier otro espacio digital —con la suficiente insistencia como para causar un “daño emocional”.
En otras palabras: cuidado con tu hilo en X (antes Twitter), no vaya a ser que lo lean en Casa Aguayo.
La bautizada “Ley de Ciberseguridad” —mejor conocida en la calle y en los medios como “Ley Censura”— fue propuesta en noviembre de 2024 por José Luis García Parra, entonces diputado local y hoy flamante coordinador de Gabinete del gobernador Alejandro Armenta. Aprobada con mayoría morenista, fue publicada el 13 de junio de 2025 y entró en vigor al día siguiente. En el papel, busca combatir delitos reales como el grooming, el espionaje digital o la suplantación de identidad; pero su ambigüedad ha prendido todas las alarmas en el radar de los derechos humanos.
La redacción del artículo 480 es tan abierta que cualquier crítica podría encajar como delito. Según Artículo 19, esta ley más que proteger a la ciudadanía, protege a los funcionarios de la ciudadanía. “Estamos frente a una ley que protege a las personas en el poder mientras vulnera a quienes se oponen a él”, denunció Majo de Icaza, investigadora de la organización. No es teoría: entre 2018 y 2024, se documentaron 22 procesos judiciales contra la prensa poblana, la mayoría en el último año. Coincidencias, dirían en Palacio.
Pero el uso de eufemismos no engañó a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que advirtió que la reforma “podría derivar en censura encubierta”, y generar una “vía rápida” para borrar del espacio digital críticas legítimas, investigaciones incómodas o denuncias ciudadanas. Más preocupante aún es que la ley faculta a plataformas digitales y empresas a eliminar contenido sin requerir resolución judicial. Un botón de “eliminar” sin preguntas, cortesía del gobierno.
La Comisión de Libertad de Prensa de la SIP advirtió que esta reforma puede institucionalizar la censura “por encargo”. Martha Ramos, directora de la OEM y presidenta de dicha comisión, advirtió que se busca sancionar el discurso crítico sin defensa posible, sin debate público y, sobre todo, sin transparencia.
Desde la trinchera oficialista, los legisladores que aprobaron la reforma no se arredraron ante el alud de críticas. Al contrario: publicaron un comunicado exigiendo respeto y condenando las “injurias” que, según ellos, han recibido desde cuentas falsas. Cuentas que, de existir, ahora sí podrían llevar a alguien a la cárcel. Aunque, claro, la ley no exige que la víctima sea un servidor público, pero tampoco impide que lo sea. Y ahí está el problema.
El gobernador Armenta, por su parte, optó por la vieja táctica de aprobar primero y consultar después. Convocó a foros para analizar la reforma… ya publicada. Para analistas como Denise Dresser, esto fue un acto de comedia involuntaria: “El chiste se cuenta solo”.
Y no es la única crítica con resonancia. Alejandro Moreno, líder del PRI, definió la ley como “una puñalada a la libertad de expresión” y acusó a Morena de querer “un pueblo sometido, callado y con miedo”. Movimiento Ciudadano y el PAN también rechazaron la ambigüedad de la ley, señalando que puede usarse contra periodistas, activistas y hasta contra víctimas que denuncien en redes sociales.
Frente al escándalo, la Secretaría de Gobernación federal salió a decir lo que el Presidente no: Rosa Icela Rodríguez aseguró que el gobierno de Claudia Sheinbaum “está en contra de cualquier tipo de censura”, y defendió que la ley se someta a revisión popular. Sin embargo, también expresó simpatía por la intención del gobernador de combatir el ciberacoso, dejando la puerta abierta a una interpretación selectiva de la reforma.
Porque sí: el texto también incluye delitos como el grooming y el espionaje digital, que merecen regulación firme y bien definida. El problema es que el resto de los artículos —como el 479 y el 258 Ter— presentan definiciones tan amplias que cualquier acción digital podría ser criminalizada. Según Artículo 19, estos tipos penales violan el principio de taxatividad y pueden usarse como garrote jurídico contra periodistas.
Mientras tanto, Puebla se suma a una preocupante tendencia nacional: usar el marco penal para blindar al poder del escrutinio. Ya lo decía Icaza: “La crítica gubernamental es parte de la democracia”. Pero si ahora criticar puede ser delito, la democracia está en modo avión.
La paradoja no puede ser más simbólica: se pretende proteger el espacio digital censurándolo, y se castiga el acoso online criminalizando la opinión. Bajo esta lógica, el botón de “bloquear” ya no es suficiente: ahora se llama Ministerio Público.
Porque en Puebla, publicar un meme o un comentario ácido puede llevarte a tribunales, pero justificar una ley punitiva con frases como “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada” sigue siendo gratuito. Y lo peor: legal.
