El peso de las razones
¿Es posible la democracia sin verdad?
Se está volviendo normal discutir en política como si la realidad no existiera. No es un problema de mala educación cívica. Es un problema de funcionamiento. Cuando la conversación pública pierde criterios estables para distinguir hechos, errores y mentiras, la democracia se queda sin freno.
En su nuevo libro On Truth in Politics. Why Democracy Demands It (Princeton University Press, 2025), Michael Patrick Lynch formula una tesis sencilla de enunciar: el deterioro de la verdad y el deterioro de la democracia avanzan juntos. No es casual. La democracia necesita un tipo de vida pública en la que las razones tengan peso, la evidencia cuente y se pueda gestionar el desacuerdo sin convertirse en una guerra de pertenencias.
El punto de partida de Lynch es un diagnóstico de doble desgaste. La fe democrática se derrumba: crece el atractivo del líder fuerte, se debilita la confianza en tribunales, parlamentos y universidades, y se normaliza la idea de que el orden vale más que la representación. En paralelo, la verdad pierde su lugar: la mentira ostentosa pierde costo reputacional, se vuelve instrumento y desplaza el criterio de aceptabilidad hacia la lealtad partidista.
Lynch conecta estos fenómenos con una intuición pragmática: la democracia no es solo un procedimiento para contar votos. Es una práctica social. Su sostén es la disposición pública a someter afirmaciones a revisión, a pedir cuentas y a tolerar el costo de corregirse. Cuando esa disposición se erosiona, queda solo el cascarón institucional.
John Dewey atendió, a mediados del siglo pasado, a la violación de la integridad del lenguaje en los movimientos totalitarios, capaz de producir inversiones de la verdad y estupor cívico. Lynch la trae al presente como tesis operativa: el autoritarismo trabaja sobre el lenguaje antes que sobre el derecho. Ese trabajo no exige prohibir la palabra ‘democracia’. Basta con degradarla. Se puede llamar a elecciones mientras se destruyen las condiciones para que sean significativas. Se puede hablar de libertad mientras se la recodifica como obediencia a una identidad. Se puede usar la verdad como una mera etiqueta de marca propagandística.
La idea se vuelve tangible con los Twitbookianos. Lynch imagina una comunidad regida por una norma única en la conversación política: decir solo lo que será aprobado por los propios y castigado por los ajenos. La norma organiza el discurso como economía de recompensas. La afirmación se diseña para ganar aprobación, no para describir el mundo. En ese entorno, el estatuto de las frases cambia. Dejan de operar como afirmaciones evaluables. Operan como señales de pertenencia. El contenido importa menos que la función social. Así, la política se convierte en coreografía de adhesiones y desprecios.
Esta regla se filtra como hábito general. Se aprende rápido. Se premia todo el tiempo. Se incorpora en el diseño de plataformas y en el estilo de los medios. Ese hábito tiene un costo democrático preciso. La democracia requiere un espacio donde se pueda decir “eso es falso” y que esto tenga consecuencias. Requiere de un terreno compartido para discutir correcciones. Sin él, la denuncia de la mentira queda reducida a insulto tribal.
Por eso Lynch define la democracia como un espacio de razones, la cual exige agencia epistémica del ciudadano y respeto epistémico entre iguales: es decir, exige tratar al otro como alguien que puede ser convencido por la evidencia y que puede revisar sus puntos de vista. Esa exigencia describe un estándar que se incumple todo el tiempo. El punto es que, sin ese estándar, el desacuerdo se tramita con herramientas distintas: como movilización de identidades, como intimidación simbólica o como propaganda.
Desde ese estándar, Lynch defiende una idea central: la democracia tiene razones internas para sostener instituciones que favorecen creencias verdaderas, como la educación, la ciencia, el periodismo y la historia. No como adornos culturales, sino como infraestructura epistémica. La palabra ‘infraestructura’ importa porque desplaza el problema del campo moral al campo institucional. El argumento parte de compromisos democráticos ya aceptados: autonomía, deliberación, igualdad política. Esos compromisos generan razones para proteger prácticas de investigación y verificación. Y eso genera razones para valorar el resultado que esas prácticas buscan: creencias verdaderas.
En ese paso aparece una objeción influyente: la verdad sería autoritaria. Reclamar verdad sería reclamar poder. Lynch no evade la historia del abuso. Su respuesta es más fina: el abuso no elimina el papel normativo de la verdad. La democracia necesita una forma no autoritaria de usar la noción de verdad, porque sin ella la crítica pública se desarma. En sentido inverso, nombrar la falsedad cuando el poder fabrica hechos constituye la práctica de rendición de cuentas.
Este punto aclara algo que suele perderse en debates sobre la posverdad: el problema no es solo la existencia de creencias falsas. El problema es la degradación de las categorías mismas: se borra la diferencia entre error y mentira, entre investigación y relato, y entre evidencia y consigna.
De ahí la batalla por nociones como verdad, libertad y democracia. Lynch observa la apropiación semántica como estrategia autoritaria: verdad ahora significa “lo que dice el líder” o “lo que sostiene la tribu”. La palabra conserva prestigio moral, pero pierde su vínculo con el mundo. En ese desplazamiento, el poder gana un escudo.
Pero, ¿es siquiera posible la verdad política? Lynch rechaza la tecnocracia que entrega la verdad al monopolio de los expertos. Rechaza también un constructivismo que disuelve el error y reduce lo verdadero a lo aprobado. En ambos casos se rompe la crítica democrática. Su propuesta es la de una verdad política como pertenencia a una visión coherente de las prácticas y las instituciones que resiste la crítica sostenida y que concuerda con hechos extra-políticos relevantes. Los datos del clima, de una pandemia, del archivo histórico no se adaptan al relato por decreto.
Esta idea le permite defender el pluralismo sin convertirlo en indiferencia epistémica. Puede haber visiones políticas razonables distintas. Eso no obliga a tratarlas como igualmente verdaderas. Los juicios se evalúan por su capacidad de sostenerse bajo presión crítica y por su relación con la evidencia disponible.
Lynch también atiende al fenómeno más corrosivo: las mentiras descaradas repetidas en público, a las cuales entiende como pruebas de lealtad. No buscan convencer. Buscan obligar a la audiencia a rendirse. El objetivo es mostrar que el poder puede imponer su versión contra lo evidente. La respuesta de Lynch es práctica: reforzar la infraestructura epistémica. Proteger a la ciencia y a la historia frente a su posible captura partidista. Diseñar la educación temprana mediante herramientas reales para detectar desinformación en un entorno de redes y de inteligencia artificial. Tratar la educación superior como parte del proyecto democrático, no como un lujo privado.
Lynch plantea una pregunta simple y urgente: ¿queremos vivir en una democracia donde la verdad tenga peso público? Si la respuesta es negativa, bastan hábitos e incentivos. Bastan comunidades que conviertan la conversación política en una ceremonia de pertenencia. En ese mundo, la democracia sigue teniendo el mismo nombre. Lo que pierde es su capacidad de corregir al poder. Y esa pérdida es la que abre la caja de Pandora.
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