El peso de las razones
Lamento socialdemócrata
Durante buena parte del siglo XX existió un consenso socialdemócrata implícito en la mayoría de las democracias liberales y explícito en algunos casos particularmente exitosos, como Alemania o los países escandinavos. No se trataba de una unanimidad ideológica ni de una fe ciega en el Estado, sino de un acuerdo práctico: el capitalismo necesitaba correcciones institucionales para ser políticamente sostenible y socialmente tolerable. Ese consenso, más que una doctrina, funcionaba como un piso común de prudencia política.
Ese consenso se articuló en torno a una idea modesta: el mercado produce riqueza, pero también desigualdades que, sin mediación política, erosionan la cohesión social y la legitimidad democrática. El Estado de bienestar no era visto como una utopía moral, sino como una infraestructura básica de estabilidad social. Incluso sus críticos más duros aceptaban ese punto de partida. Neoliberales y libertarios solían -y suelen- no tener un problema de principio con los impuestos cuando estos se destinan de forma eficaz a bienes públicos claros: educación, salud, infraestructura, seguridad jurídica, igualdad de oportunidades. El desacuerdo era instrumental, no normativo, y giraba en torno a la eficacia, los incentivos y el alcance razonable de la intervención estatal.
Por eso el clima actual resulta tan llamativo. La crítica contemporánea a la socialdemocracia rara vez cuestiona el ideal igualitario o la aspiración a un Estado social. Lo que se cuestiona, con razón creciente, es su desempeño real. No se acusa a la socialdemocracia de ser injusta, sino de ser ineficiente, torpe y predeciblemente corrupta. El reproche central es empírico: gasto público mal asignado, programas sociales que no cumplen objetivos, burocracias sobredimensionadas y opacas, ausencia de evaluación rigurosa y una tendencia persistente a confundir política social con política electoral. La redistribución pierde su justificación moral cuando pierde su efectividad práctica, y la defensa de los impuestos deja de ser un argumento de justicia para convertirse en un acto de fe difícil de sostener.
En muchos contextos, además, el deterioro sigue un patrón reconocible. Primero se amplían programas sin diseño institucional sólido; luego se multiplican intermediarios; más tarde aparecen incentivos perversos; finalmente, la política social se convierte en una red de lealtades, favores y dependencias. El ciudadano deja entonces de ser titular de derechos sociales exigibles y se transforma en beneficiario condicional. El acceso a bienes básicos se politiza, se vuelve inseguro y contingente, y el Estado de bienestar deja de ser un mecanismo de justicia distributiva para convertirse en una tecnología de control político. La promesa de derechos universales se sustituye por la lógica del padrinazgo.
Este diagnóstico no proviene exclusivamente de adversarios ideológicos. Es compartido por buena parte de quienes nos formamos políticamente en tradiciones socialdemócratas y hoy observamos con desasosiego la distancia entre el ideal y su realización institucional. Hay una incomodidad específica, casi generacional, en constatar que aquello que se pensó como el gran instrumento civilizatorio de la democracia liberal termina siendo, con demasiada frecuencia, una maquinaria cansada de simulación, cinismo y reparto de cuotas.
A esta degradación funcional se ha añadido, en las últimas décadas, un problema adicional: la convergencia entre la socialdemocracia y la nueva izquierda progresista. Una convergencia que ha modificado profundamente el lenguaje, las prioridades y las justificaciones normativas del proyecto socialdemócrata. La socialdemocracia clásica estaba anclada en un universalismo cívico fuerte: ciudadanía común, derechos sociales generales, políticas justificables ante cualquiera con independencia de su identidad. La nueva izquierda, en cambio, ha desplazado el eje hacia la identidad, el reconocimiento y la reparación simbólica. Donde antes se hablaba de trabajadores, contribuyentes y ciudadanos, ahora proliferan categorías que compiten por el estatuto de víctima legítima.
Este desplazamiento tiene consecuencias políticas profundas. La redistribución deja de justificarse como una herramienta para emparejar oportunidades y pasa a presentarse como compensación moral por agravios históricos. La política social se moraliza y se fragmenta. Con ello, se debilita la base fiscal y simbólica del Estado de bienestar. La disposición a contribuir depende en gran medida de la percepción de imparcialidad: uno paga impuestos, entre otras cosas, porque confía en que el Estado tratará a los ciudadanos como iguales. Cuando la redistribución se percibe como sesgada, identitaria o capturada, el apoyo social se erosiona rápidamente.
Además, el lenguaje identitario tiende a blindar políticas deficientes frente a la crítica: convierte cualquier exigencia de evaluación, eficiencia o rendición de cuentas en sospecha de insensibilidad, y con frecuencia en acusación directa de violencia simbólica. Un programa fallido ya no puede discutirse como un mal diseño, sino que se protege invocando el dolor de los grupos a los que dice servir. Así, un discurso que se presenta como emancipador termina funcionando como un cáncer social: corroe el universalismo cívico, rompe los vínculos de solidaridad entre extraños y consume la confianza mínima que hace posible compartir instituciones comunes. No solo divide; también impide corregir los errores de las políticas que dice defender.
Llegados a este punto, la pregunta clave es inevitable: ¿es posible una socialdemocracia que no derive en corrupción y clientelismo? ¿O esa deriva es estructural e inevitable? Y ligada a ella, otra pregunta incómoda: ¿es necesario ese matrimonio con la nueva izquierda identitaria? Creo que la respuesta es negativa en ambos casos. No hay nada intrínseco a la socialdemocracia que la condene a esas derivas. Lo que hay son malos diseños institucionales y una progresiva renuncia a principios básicos de control, evaluación y neutralidad, combinados con una ideología identitaria que legitima la captura de recursos públicos en nombre de agravios particulares. El resultado es un Estado social que gasta mucho, resuelve poco y se justifica cada vez más en clave de emoción herida.
La experiencia comparada muestra que el problema no es el tamaño del Estado, sino su arquitectura institucional. Las socialdemocracias más exitosas han invertido sistemáticamente en reducir la discrecionalidad política y aumentar la trazabilidad del gasto público. Agencias independientes de evaluación de políticas públicas, con metodologías claras y consecuencias reales; presupuestos orientados a resultados y no a inercias; transparencia radical en el gasto social; auditorías periódicas, públicas y comprensibles: nada de esto es ideológico, es institucional. Sin esos mecanismos, cualquier discurso igualitario, por noble que suene, se degrada en mera coartada.
A ello se suma un servicio civil profesional fuerte, protegido tanto de la rotación partidista como del clientelismo. Sin burocracias competentes y relativamente autónomas, el Estado de bienestar se convierte en botín y no en institución. También es crucial despolitizar la intermediación social. Los derechos deben operar por reglas claras, universales o justificadamente focalizadas, no a través de organizaciones afines, líderes locales o estructuras informales de lealtad, mucho menos cuando estas se recubren con el vocabulario prestigioso de la reparación identitaria. Cada vez que un derecho se administra como favor, se erosiona un poco más la idea de ciudadanía común.
En cuanto a la alianza con la nueva izquierda, conviene decirlo con claridad: no es necesaria y es, en muchos casos, abiertamente destructiva. La socialdemocracia no necesita del identitarismo para justificar su proyecto. Su núcleo normativo es la igualdad cívica, no la competencia de agravios. Más aún, ese matrimonio erosiona la posibilidad misma de redistribución sostenida. Al fragmentar al demos en identidades morales en competencia, se destruye el suelo común sobre el que se construye cualquier Estado de bienestar viable y se normaliza un clima de sospecha mutua en el que cada grupo se entiende a sí mismo como víctima preferente, acreedora perpetua de los demás. El espacio de la política se llena entonces de liturgias simbólicas y se vacía de discusiones sobre diseño institucional.
La socialdemocracia puede -y debe- recuperar un lenguaje universalista, sobrio y exigente. Puede defender la redistribución sin sentimentalismo moral y la igualdad sin espectáculo identitario. Su futuro se juega ahí: en la reconstrucción institucional y conceptual de su propio proyecto, y en la ruptura explícita con un identitarismo que ya no corrige injusticias, sino que multiplica resentimientos y licúa la ciudadanía común. De lo contrario, seguirá atrapada entre la nostalgia de un ideal noble y la reiteración de prácticas que lo traicionan. Este lamento no es una elegía. Es una advertencia política.
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