- Los convoca a elevar la calidad de la promoción y el ejercicio de los derechos fundamentales
- Quedó instalado el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial atestiguaron la instalación del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Durante la primera sesión formal del órgano integrado por Éder Elías, Ciro Silva, Ricardo González, Miguel Godínez y Laura Alba, el ombudsman dijo a los funcionarios que “la presencia de ustedes en este acto es también compromiso, y si me apuran un poco, corresponsabilidad”.
Eduardo Martín Jáuregui se dirigió, entre otros, al gobernador Carlos Lozano, al procurador Felipe Muñoz, a Fernando González de Luna, primer magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, así como a Adolfo Suárez, quien preside la Diputación Permanente.
Añadió que en la entidad, en 1988, “se creó la primera Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos… El compromiso es, no puede ser menos, volver a poner a Aguascalientes a la vanguardia de la difusión, respeto, promoción y defensa de los derechos humanos”.
Aunque la primera de sus reuniones no generó asuntos particulares, se dijo que el consejo y la CEDH ya trabajan “en un ejercicio ciudadano de compartir funciones de opinión, propuesta, y aprobación de lineamientos, proyectos, ejercicios presupuestales”.
Ahí mismo Martín Jáuregui ratificó que todo el grupo aceptaba la encomienda de protección a los derechos humanos.
La diputada Anayeli Muñoz, titular de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, dijo que el Consejo Consultivo está avalado tanto por la sociedad civil como por las instituciones de educación superior.
“Es justamente este mecanismo el que ha permitido que en Aguascalientes se cuente con una normatividad que va acorde con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha signado, y que son de suma importancia para garantizar el respeto a los derechos fundamentales”.
Sin embargo reconoció que toda legislación es perfectible, y dijo que las instituciones aún deben capacitar a su personal y mejorar el servicio público para evitar violaciones a los derechos humanos.
Foto: Gilberto Barrón
