Aquel que perturbe su casa, heredará tempestades
Proverbios 11,29
El escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa inicia sus memorias (en el libro El pez en el agua) con una impecable cita de Max Weber: “También los cristianos primitivos sabían muy exactamente que el mundo está regido por los demonios y que quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno sólo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando” (WEBER Max, El político y el científico, 1918).
Alberto Fujimori gobernó la República del Perú del mes de julio de 1990 a noviembre del año 2000, para ocupar la presidencia en su primer periodo tuvo que vencer en segunda vuelta precisamente a Mario Vargas Llosa, quien en el citado libro El pez en el agua, abunda sobre dicha contienda electoral.
Fujimori, Ingeniero Agrónomo con especialidad en física y matemáticas, y su perverso jefe de gabinete Vladimiro Ilich Montesinos Torres, exmilitar con estudios de Derecho, llevaron a cabo durante los diez años que ejercieron el poder innumerables actos de corrupción, muchos de éstos quedaron registrados en los videos que el propio Montesinos captaba con cámaras ocultas instaladas en su oficina. A estos videos se les conoce como vladivideos.
Controlaron medios de comunicación, a sus aliados y opositores políticos, a jueces y legisladores, mediante la entrega de enormes sumas de dinero obtenidas del erario. Además ordenaron asesinatos, secuestros y lesiones graves como las ocurridas en Barrios Altos y La Canuta perpetradas por un escuadrón del ejército conocido como el grupo Colina.
Fujimori buscó la reelección en 1995 por virtud de la reforma de 1993 a la Constitución Peruana, que lo permitía. Con el 64% de los votos inicia su segundo mandato de cinco años, y en 1996 realiza maniobras legales para poder presentarse a una contienda electoral que le permita un tercer periodo de cinco años en el poder a partir del año 2000, lo que desató una controversia política al promulgar una ley denominada: Interpretación auténtica del artículo 112 Constitucional.
El primer periodo presidencial de Fujimori inició en 1990, y la Constitución Peruana se modificó en 1993, por lo que Fujimori alegaba por medio de su ley de “interpretación auténtica” que su primer periodo como presidente no debía ser considerado, ya que los mandatos constitucionales debían de contarse a partir de la promulgación del nuevo texto constitucional.
El Tribunal Constitucional, que se encontraba dividido, declaró la inaplicabilidad de la ley, aunque no tuvo los votos suficientes para declararla inconstitucional, sin embargo la actuación de los magistrados del Poder Judicial motivó que el Congreso de la República de mayoría fujimorista destituyera a tres de sus miembros, acabando así con la independencia del Poder Judicial. Lo anterior detonó protestas de estudiantes, sindicatos y grupos de la sociedad civil.
Fujimori inició su tercer periodo de gobierno en el año 2000, pero la difusión de un vladivideo que adquirieron grupos opositores en el mes de septiembre de ese año provocó la última crisis de su gobierno. Fujimori cesó a Montesinos y lo indemnizó con quince millones de dólares, muchísimos millones más fueron sacados del país y mandados a paraísos fiscales, se especula que Fujimori le robó al pueblo peruano alrededor de seiscientos millones de dólares. El trece de noviembre de ese mismo año Fujimori viaja a una cumbre a Brunei, posteriormente a Japón y desde ahí renuncia vía fax a la presidencia del Perú.
En los últimos días conocimos en Aguascalientes de un escándalo provocado por la iniciativa para reformar el artículo 52 de la Constitución local, con el fin de que el actual magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) sea ratificado para un segundo periodo de cuatro años, terminando en 2018. La propuesta atenta contra la independencia del Poder Judicial, puesto que la decisión corresponde exclusivamente a los magistrados del STJ, elegidos ellos sí, por el Poder Legislativo.
Pero el Magistrado no sería el único funcionario cuyo encargo se busca prolongar. El trece de mayo el Congreso del Estado recibió una iniciativa que pretende mantener durante nueve años, contados a partir de su nombramiento, a quien en 2016 se ostente al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
La iniciativa además propone que la Procuraduría General de Justicia con el nombre de Fiscalía General del Estado, cuente con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios. Es decir, de prosperar la iniciativa, el próximo gobernador ya no tendrá autoridad sobre el fiscal, toda vez que ya no será una dependencia de la Administración Pública Estatal centralizada, sino que se convertirá en un organismo autónomo, en presupuesto y decisiones.
El caso de los magistrados del Tribunal Constitucional del Perú llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ordenó que dichos funcionarios fueran indemnizados y reinstalados en sus cargos.
Alberto Fujimori fue condenado a veinticinco años de prisión el siete de abril de dos mil nueve. Vladimiro Montesinos, su perverso jefe de gabinete, está preso en la Base Naval del Callao, cumpliendo una condena de quince años de prisión, debiendo enfrentar posteriormente al menos ocho juicios más.
El treinta de mayo pasado, la columna La Purísima Grilla de La Jornada Aguascalientes consignó “Tuvo que salir Guadalupe Ortega Valdivia para aclarar lo que él cree que trae detrás la propuesta del Ejecutivo estatal, dijo el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI: que no se malinterpretara que no es blindaje político, ‘mienten aquellos que dicen que se trata de blindar el futuro de un exgobernador: es demagogia pura’”.
Hoy preocupa al Zenzontle la obsesión de algunos por la Copa -la deportiva-. Existen antecedentes de lo inconveniente -o conveniente- de algunas fechas para la atención de estos temas trascendentales.
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